Amnistía Internacional exige justicia y rendición de cuentas por las muertes provocadas durante una manifestación

Amnistía Internacional considera que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía del Estado de Guerrero y la Policía Federal levantan serias dudas acerca de la dirección, control y capacidad de estas corporaciones para realizar operativos y hacer cumplir la ley sin recurrir a violaciones de derechos humanos. Es esencial que estas violaciones no queden impunes.

La organización insta conducir una investigación exhaustiva e imparcial del operativo que resultó en la muerte de los manifestantes Gabriel Echevarría y José Alexis Herrera Pino, y provocó lesiones a varias personas, así como maltratos a detenidos. Las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales para culpar el uno al otro ignoran la responsabilidad de ambos por las graves violaciones. Estas declaraciones no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación.

Los videos y las imágenes fotográficas ampliamente diseminadas revelan un operativo caótico en que los policías estatales y federales, apoyados por el ejército, recurrían a la fuerza letal contra manifestantes sin justificación y maltrataban a varios detenidos. El uso, al parecer, de armas automáticas contra manifestantes en una zona urbana puso a la población en general en grave riesgo.

Amnistía Internacional considera que además de investigar los asesinatos de Gabriel Echevarría y José Alexis Herrera Pino y las otras violaciones cometidas, hay preguntas relevantes que deben ser aclaradas:

·         ¿Quién estaba al cargo del operativo? ¿Cuál fue la línea de mando?

·         ¿Cuáles fueron los lineamientos de las policías estatales y federales acerca del uso de la fuerza, y en particular sobre el uso de sus armas? ¿Quién dio la orden     de abrir fuego y con qué criterios?

·         ¿Por qué individuos vestidos de civiles armados con fusiles automáticos, aparentemente miembros de la policía ministerial -una corporación investigativa - estaban presentes sin insignia alguna pero al parecer disparaban armas de alto     calibre en dirección a los manifestantes?

·         Los policiales federales que maltrataron a los manifestantes en el momento de su sometimiento así como los mandos que lo permitieron ¿han sido suspendidos mientras se deslindan responsabilidades?

·         ¿Los policías rendirán cuentas por la supuesta coacción denunciada por al menos 10 detenidos contra Gerardo Torres Peña para accionar un arma sembrada y para auto incriminarse?

·         ¿La información obtenida mediante coacción será excluida de cualquier proceso judicial salvo contra para iniciar investigaciones contra quienes resulten responsables de tortura y maltrato?

Todas las 24 personas detenidas durante la manifestación del 12 de diciembre en Chilpancingo por la policía estatal y federal, ya han sido liberadas bajo reserva de la ley, incluso Gerardo Torres Peña. La Procuraduría General de República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizan investigaciones. Amnistía Internacional insta a las autoridades a anunciar inmediatamente las medidas que están tomando para garantizar la justicia y la no repetición de los hechos.

Arturo Ávila Salazar

Comunicación y Proyectos Tecnológicos

Amnistía Internacional México