De ser culpable López Rosas sería inhabilitado como abogado y para ejercer cargos públicos

Chilpancingo, Gro., marzo 05 de 2012 (IRZA).- El ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, sería inhabilitado para ejercer cargos públicos si lo declaran culpable de los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso Ayotzinapa.

Además, perdería sus derechos profesionales para ejercer como abogado litigante durante el tiempo que se establezca en la sentencia que emita el juez federal del ramo penal al que le fue consignada la averiguación previa por parte de la PGR.

En entrevista para este despacho informativo, el abogado de esta capital, José Balbuena Herrera, que en caso de ser declarado inocente, tampoco podrá ejercer su profesión porque deberá esperar a que el proceso culmine y eso le llevará cuando menos de tres a cuatro años.

Añadió que si la PGR no acredita los delitos de “omisión” y “alteración de la escena del crimen” donde murieron los normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el 12 de diciembre del año pasado, López Rosas, podrá demandar a la instancia federal por daño moral.

“El señor tiene a salvo sus derechos porque está siendo acusado y sentenciado públicamente. En caso de que no sea culpable ya está siendo señalado por la sociedad”, comentó.

Además que los señalamientos de la PGR, le están causando perjuicios a su trayectoria política y social porque la ciudadanía lo considera como responsable del desalojo violento de los normalistas.

Willy Reyes también podría demandar por daño moral

Paradójicamente, el alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, podría también demandar a la PGJE por daño moral debido a los señalamientos en su contra como probable responsable del asesinato del diputado federal, Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer, Érick Estrada Vázquez.

“En este caso, el presidente municipal tiene a salvo sus derechos para hacer la denuncia correspondiente por la vía civil por daño moral, reparación del daño y una disculpa publica ante los medios de comunicación”, dijo.

Dijo que la retribución económica que podría alcanzar Reyes Ramos por el juicio de daño moral le corresponde al juez determinarlo de acuerdo con los agravios que se hayan cometido en su contra.

Aclaró que la demanda por daño moral se tiene que presentar al gobierno del estado como poder Ejecutivo, a su vez contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como organismo de procuración de justicia y finalmente contra el ex titular, Alberto López Rosas, como su representante legal.

Balbuena Herrera, opinó que derivado de los señalamientos de la PGJE, Reyes Ramos, perdió sus derechos político-electorales al no ser incluido como candidato de su partido, el PRI, a diputado federal por el distrito cinco de Tlapa como lo había anunciado.

Además de los señalamientos de la sociedad como responsable del asesinato del extinto legislador federal priista, “en otro sentido, en los medios de comunicación ha manifestado que a consecuencia de esa acusación ha perjudicado su salud y allí hay otra agravante”.

Comentó que una vez que el primer edil priista de Tlapa concluya su mandato “no podrá desempeñar otra función de acuerdo con sus posibilidades de profesión y de trayectoria política”, lo que afectaría también sus ingresos.

Dijo que la demanda por daño moral la puede presentar en cualquier momento pero consideró que lo preferente es que lo haga después de que la Comisión Instructora del Congreso local emita el dictamen sobre el juicio de desafuero que permanece en análisis y sobre todo si resulta improcedente.

“Lo preferente es que sea cuando el Congreso emita el dictamen para que tenga un sustento jurídico y para que pueda acreditar su inocencia”, pues añadió que hasta el momento “se han acreditado las pruebas que ofreció la PGJE y que haya resultado procedente el juicio que se está llevando en el Congreso”.

Dijo que si el dictamen del poder Legislativo favorece al alcalde de Tlapa, podría demostrar que “el ex procurador general de Justicia, Alberto López Rosas le fabricó pruebas para perjudicarlo con respecto a la postulación que estaba haciendo en el distrito quinto de la Montaña a diputado federal”.

El abogado añadió al final de la entrevista, “le tocó pagar a López Rosas lo que pudo haber hecho con Willy Reyes. La fabricación de pruebas o de querer imputar a alguien para eliminarlo políticamente trae consecuencia, y en este caso ambos pueden solicitar la reparación del daño moral”.