Chilpancingo, Gro., marzo 27 de 2012
(IRZA).- La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este martes una recomendación al
gobierno de Ángel Aguirre Rivero por los hechos del 12 de diciembre del año
pasado en la autopista del Sol al sur de esta capital.
Del análisis
lógico-jurídico el organismo nacional de derechos humanos evidenció “violaciones
graves a la libertad de reunión y, como consecuencia de ello, a los derechos a
la vida; seguridad e integridad personal; legalidad; seguridad jurídica;
libertad personal, y trato digno”.
También “transgresiones
a los derechos a la verdad y a la información, y a todos aquellos derechos que
el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas
del delito y del abuso de poder” atribuidas a los servidores públicos de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal y del gobierno de Guerrero “en agravio
de 52 víctimas, así como de un número indeterminado de personas que se
manifestaron y otras más que por encontrarse en el lugar estuvieron en riesgo
ante los actos de violencia”.
La recomendación número 1 VG/2012 está dirigida al secretario de
Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, al gobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero y al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Efraín
Ramos Ramírez.
El expediente está integrado por 15
mil 590 fojas distribuidas en 21 tomos que contienen las investigaciones
realizadas por la CNDH sobre los hechos del 12 de diciembre donde fueron
asesinados dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y a la postre la muerte
de un trabajador de una gasolinera por quemaduras en todo el cuerpo.
La CNDH recomendó al secretario de Seguridad Pública Federal, Genero
García Luna y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, “indemnizar a las víctimas y a sus
familiares por los daños causados”, acto que ya ordenó el mandatario estatal
desde hace dos semanas.
Se les pide que en un “acto
público en el estado de Guerrero, ante la presencia de las víctimas y sus
familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el
reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los
servidores públicos de las dependencia a su cargo, dando a conocer las medidas
y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta
investigación, informando a esta Comisión Nacional, sobre las acciones que se
lleven a cabo para tal efecto”.
También tomar
las medidas pertinentes para que las víctimas y sus familiares “se les
reconozca el derecho a intervenir y conocer el trámite de las investigaciones,
así como aportar los elementos que estimen convenientes para el esclarecimiento
de los hechos, garantizando la protección y salvaguarda de sus derechos,
enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.
Además de que implementen un
programa integral de capacitación y formación en materia de Derechos Humanos,
dirigido a los servidores públicos de sus instituciones encargados de las áreas
de seguridad pública y procuración de justicia, “poniendo especial énfasis en
el uso de la fuerza utilizada en manifestaciones públicas, y sobre todo que en
el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública se promueva una ley general
sobre el uso de la fuerza y tácticas policiales”.
Al gobierno
del estado se le recomendó proteger en todo momento el escenario del crimen y
el material sensible significativo que se genere en intervenciones policiales,
con el propósito de garantizar a la institución del Ministerio Público una
eficaz investigación de los acontecimientos.
Pero además
de que el desarrollo profesional de las corporaciones policiales se base en
técnicas modernas y en la formación de valores cívicos, el conocimiento de los
ordenamientos jurídicos inherentes a su función, la vocación de servicio y de
comportamiento ético, con la finalidad de que se transformen cualitativa y
cuantitativamente los sistemas operativos, el marco jurídico, la capacitación y
la profesionalización policial.
De igual
forma la CNDH solicitó que a todos los familiares de las víctimas se les
brinde, como medida de rehabilitación, la atención médica, psicológica o
psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones
estatales de salud especializadas.
Al gobernador Ángel Aguirre Rivero le solicitó revisar las políticas públicas que en
materia educativa “con el objetivo de que los alcances de éstas beneficien a
todos los habitantes del estado de Guerrero, y se instrumente un programa
emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales en el
estado de Guerrero, especialmente, la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.
Además de que en coordinación con los estudiantes de Ayotzinapa implemente un programa que “garantice
la seguridad de esa institución educativa y salvaguarde la integridad de su
personal”.
También que
su gobierno colabore con el organismo nacional de derechos humanos “en la
presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la
Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos
involucrados”.
Al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Efraín Ramos
Ramírez, le solicitaron tomar las
medidas adecuadas para garantizar que se atiendan de manera oportuna las
necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero,
especialmente, la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Que “colabore en el
trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra
del ex procurador general de Justicia y del ex secretario de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero, con motivo de los hechos
ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero”.
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