lunes, 26 de noviembre de 2012

Venta para matrimonio, principal muestra de violencia contra la mujer


Chilpancingo, Gro., noviembre 25 de 2012 (NOTYMAS). Una de las principales muestras de violencia contra la mujer es su venta para matrimonio, o para servidumbre que se ubica como una de las formas más modernas de esclavitud, advirtió la diputada Luisa Ayala Mondragón.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resaltó que en pleno siglo 21 se siguen generando prácticas que violentan sus derechos humanos principalmente en zonas indígenas y marginadas.

Informó que “para la mayoría de las mujeres indígenas guerrerenses, los derechos como la libertad, la igualdad, la educación, la salud, etcétera, son sólo sueños que muy pocas veces se disfrutan”.

En contraste, agregó la legisladora, “las cifras sobre la violencia en sus diferentes modalidades siguen siendo una cotidianeidad y a la vez un tema pendiente por erradicar”.

Ayala Mondragón refirió que en reiteradas ocasiones se ha señalado que los derechos fundamentales de las mujeres en los municipios de la región de la Montaña “son violentados en todo el esplendor de la palabra, y posiblemente una de las causas sea por determinados usos y costumbres.

Por ejemplo, comentó, en localidades de los municipios de Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Alcozauca, Acatepec, entre otros, aún se mantiene la costumbre de que el matrimonio se decida, principalmente por el padre o tutor, sin tomar en cuenta, la voluntad de la mujer indígena.

Anteriormente, la costumbre del matrimonio indígena estaba investida de solemnidad y se distinguía por “la dote”, consistente en otorgar obsequios a los padres de la novia, como pan, ganado vacuno o bovino entre otros, dijo la diputada local.

Sin embargo, en el transcurso del tiempo, esta tradición ha sufrido algunas transformaciones, así, a partir de dos décadas a la fecha, la mayoría de los padres de la hijas reciben cantidades en dinero para conceder el consentimiento de ellas, comentó.

Informó que de acuerdo a un diagnóstico realizado el año pasado por la Secretaría de la Mujer, se constató, algunos casos donde para celebrarse la boda, el hombre debe dar hasta 60 mil pesos al padre o tutor de la mujer (en ocasión aún niñas de 12 a 17 años).

En consecuencia, dijo, el matrimonio para las mujeres indígenas se traduce en una supresión del derecho de decidir libremente a su pareja, pues quienes deciden por ellas, son sus padres o tutores, que por cuestiones tradicionalistas, usos y costumbres, las inducen y en ocasiones las obligan, a casarse con la persona que “la ha pedido”.

Pero el problema no acaba con el matrimonio, sino que ya después de casada, la mujer se convierte en sirvienta, trabajadora y en ocasiones en casi esclava del marido. Estas prácticas fomentan la prevalencia de matrimonios forzados en estos municipios indígenas.

Por ello, la diputada Luisa Mondragón presentó una iniciativa de reforma a diversas leyes para castigar hasta con 16 años de prisión a quien obligue a una mujer a contraer matrimonio de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella.

Esa sanción también aplicará a quien obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares, o a quien ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera.

La legisladora perredista informó que esta reforma permitirá generar un contrapeso jurídico que permita un mayor respeto a los derechos fundamentales de la mujer indígena.

No es óbice mencionar que como consecuencia de este desagradable escenario, el año pasado, la cuarta visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inició una queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las mujeres indígenas de esta entidad federativa, principalmente, sobre el tema de la venta y/o matrimonios forzados.

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