Chilpancingo,
Gro., abril 02 de 2013 (IRZA).- El pleno del Congreso local
rechazó la reforma a la Ley Estatal de Educación que propuso la Coordinadora
Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) a través del
gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Con 35 votos a favor y siete en contra el pleno aprobó el
dictamen propuesto y firmado por 13 de 15 diputados de las comisiones de
Educación, Desarrollo Económico y Cuenta Pública que declaró “improcedente” la
reforma.
Tras considerar que se “encuentra en contraposición” a la
Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión. “Ninguna ley secundaria
está por encima de la Constitución”, fundamentó el diputado del PAN, Marcos
Efrén Parra Gómez.
“Del análisis efectuado a la presente iniciativa, se
arriba a la conclusión de que la misma, no es violatoria de garantías
individuales pero se encuentran en contraposición con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos”, indica el dictamen.
Mientras se desarrollaba la segunda sesión del día, cuya
jornada inició a las 08:30 horas de este martes, el Palacio Legislativo era resguardado
por más de mil elementos antimotines ante una eventual irrupción del movimiento
magisterial.
En el dictamen se establece que las propuestas de reforma
presentadas por la CETEG a la Ley Estatal de Educación se contemplan claramente
en la Reforma Educativa Constitucional, y no puede haber ordenamientos
paralelos.
La ley federal crea el Sistema de Servicio Profesional
Docente para la promoción a
cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y
media superior, mientas que la CETEG proponía el sistema de Escalafón.
El magisterio disidente
propia la creación de un órgano local de evaluación, pero el dictamen aclara
que la Reforma Educativa contempla el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE) y lo sustenta: “Se busca que la evaluación magisterial, no
sea potestativa o voluntaria, sino obligatoria para todos los maestros. Que la
evaluación no sea pactable”.
Además de la creación de
escuelas dignas y de tiempo completo con criterios de calidad, equidad y autonomía
de gestión, la ley federal crea el Sistema de Información y Gestión Educativa
que actualizará el censo de escuelas, profesores y alumnos.
El magisterio propuso
que se destinara un monto presupuestal anual del seis por ciento del Producto
Interno Bruto de la entidad a la educación, pero en el dictamen se aclara que
es “innecesario” porque “el Estado es colaborar concurrente del financiamiento
de los servicios educativos de la entidad”.
Como esos, se detallaron
otros puntos en los cuales la reforma educativa estatal es contraria a las
disposiciones generales de la Reforma Educativa y cuyos efectos son aplicables
en las 32 entidades federativas y el Distrito Federal.
Se garantiza gratuidad de la educación
Para garantizar la
gratuidad de la educación, una de las demandas medulares del movimiento
magisterial contra la Reforma Educativa, el pleno del Congreso local modificó
el artículo sexto de la Ley Estatal de Educación.
“Queda prohibido el cobro obligatorio de cuotas
escolares, de inscripción y de cualquier tipo que tenga que ver con las
necesidades de las escuelas públicas”, establece la modificación que dejó sin
efecto el ordenamiento anterior el cual establecía: “La educación que el Estado
imparta será gratuita, las donaciones destinadas a dicha educación en ningún
caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”.
Lo anterior, añadieron los diputados, para dejar
establecida la prohibición de exigir cualquier cuota y/o cooperación de
carácter obligatorio a los padres de familia (…) y garantizar el espíritu de
gratuidad de la educación en el estado”.
Cabe señalar que el análisis de la reforma generó un
intenso debate entre diputados. Los perredistas Germán Farías Silvestre,
Avelina López Rodríguez y Nicanor Adame Serrano cuestionaron el dictamen.
Mientras que el diputado priista Héctor Astudillo Flores;
del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Álvarez Angli y el panista,
Marcos Efrén Parra Gómez, defendieron el proyecto de decreto que al final fue
votado por mayoría de votos.
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