martes, 19 de noviembre de 2013

Viven luchadores sociales una segunda “Guerra Sucia”, considera Tlachinollan


Chilpancingo, Gro., noviembre 18 de 2013 (IRZA).- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que los luchadores sociales y defensores de derechos humanos de la entidad viven una segunda “guerra sucia” ante la ola de asesinatos, persecuciones y desapariciones forzadas que se han registrado en las últimas décadas.
En entrevista comentó que con el caso reciente de los dos productores de café de Atoyac,  José Luis Sotelo Martínez y Juan Lucena Ríos, asesinados la tarde del sábado, se confirma que hay un endurecimiento de varios personajes hacia ese sector, y exigió al Estado brindar las garantías para quienes ejercen una actividad organizada a favor de la sociedad para que continúen en esa ruta.

 “Son visos de una guerra sucia, una guerra contra los movimientos sociales, contra los luchadores sociales; un guerra abierta, y en contraparte no se llega a la verdad, se sigue ocultando a quienes están cometiendo crímenes, a quienes siguen alentando la persecución con la impunidad que impera, y se les da carta de naturalización a la violencia que impera en el estado, en lugar de dar con el paradero de los responsables”, dijo.

Como Centro de Derechos Humanos, consideró, tienen muy pocos avances en las investigaciones de los casos que han llevado como el de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ramos, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) asesinados en el 2009; el ultraje del que fueron víctimas las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, entre otros casos.

Comentó que a pesar de que en 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) dotó de medidas provisionales a 107 luchadores sociales, entre ellos varios integrantes de  Tlachinollan, a familiares de las indígenas ultrajadas por militares, Valentina e Inés, entre otros, éstas no se han cumplido, y ellos son quienes tienen que dotarse de medidas de auto seguridad.

“Los movimientos no han tenido otra forma de luchar más que hacer valer su derecho a la protesta, a la libre manifestación, a la organización independiente, y sobre todo a tener que denunciar la falta de compromiso y la situación de corrupción e impunidad que vive el estado”, opinó.

Abel Barrera consideró que todos los que se dedican a defensa de los derechos humanos, y que tienen inconformidades contra el Estado, están expuestos a sufrir agresión, detención, persecución, desprestigio, “lo más grave que se pueda atentar con la vida de cualquier compañero y defensor. No existen compromisos que se puedan ver por parte de las autoridades ni que haya mecanismos especiales”.

Pidió castigo a los responsables de los 15 asesinatos de luchadores sociales que han ocurrido durante este gobierno.

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