miércoles, 16 de julio de 2014

Aprueba Congreso de Guerrero Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento



Chilpancingo, Gro., 15 de julio de 2014.- Las personas que tengan la necesidad de abandonar sus pueblos o comunidades por diversas situaciones, deberán recibir el apoyo gubernamental para salvaguardar su integridad física y de sus familias determinó el Congreso de Guerrero.

Lo anterior, se establece en la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento en el Estado, que aprobaron por unanimidad las y los diputados de la 60 Legislatura.  También señala que se atenderán las necesidades de los grupos vulnerables como niños, ancianos y discapacitados, para que cuenten con seguridad, trabajo y educación, según sea el caso.

En el dictamen, que emitió la Comisión de Derechos Humanos derivado de dos iniciativas una presentada por el Ejecutivo Estatal y otra por el diputado Jorge Salazar Marchán, se argumenta que en Guerrero un número importante de personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de origen por causas ajenas a su voluntad poniendo en riesgo la vigencia de sus derechos elementales.

Señala que existen casos notables de desplazamiento interno en Guerrero como el de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán donde aproximadamente 107 familias abandonaron el poblado por el acoso de los grupos criminales, emigrando a la comunidad del Puerto de las Ollas, sólo con lo que llevaban puesto, dejando todo su patrimonio.

Refieren que esta situación es preocupante, por lo que con este nuevo ordenamiento las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas.

Por ello, los legisladores en pro de la defensa de los derechos fundamentales, consideran necesario que el estado diversifique sus líneas de acción para prevenir y atender de manera integral el problema de desplazamiento; para abatir este movimiento originado principalmente por la delincuencia organizada, que ha  llegado al grado de que los habitantes se ven obligados a emigrar ante el temor de ser presas de ella.

Asimismo, esta nueva Ley tiene como líneas de acción restituir los derechos de las personas desplazadas; promover políticas públicas de protección, asistencia, atención y soluciones duraderas y diseñar un programa asistencial y de atención a este grupo fortaleciendo la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas relativas a las personas en situación de vulnerabilidad.


De esta manera, el ordenamiento establece bases para prevenir y garantizar el acceso a la protección y asistencia efectiva  durante su desplazamiento y después de su retorno o reasentamiento, otorgar un marco garante de derechos humanos que atienda y apoye a las personas en esta situación, así como la implementación de soluciones duraderas para su superación. 

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