miércoles, 16 de julio de 2014

Aprueba Congreso ley para atender a familias desplazadas por violencia

Chilpancingo, julio 15 de 2014 (IRZA).- El Congreso local aprobó este martes la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero que promovió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Salazar Marchán.

La ley busca garantizar políticas públicas y establecer protocolos para que el gobierno estatal determine acciones concretos para atender a las familias que por violencia tienen que salir de sus lugares de origen.

En entrevista el diputado Jorge Salazar Marchán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que esta ley surgió derivado de la violencia generalizada en las regiones Tierra Caliente, Costa Grande y Norte.

Sin embargo, puntualizó que también hay desplazamientos de familias por conflictos religiosos, como el ocurrido recientemente el Cochoapa el Grande donde los católicos no permiten que se profese otra religión.

Salazar Marchán dijo que esa situación es peligrosa porque desestabiliza el tejido social. Otro de los factores que impulsaron la propuesta se debe a la inestabilidad geológica de algunas zonas del estado.

Explicó que además de su propuesta, el gobernador Ángel Aguirre Rivero presentó una iniciativa similar, y que al final fueron fusionadas.

Tras la aprobación de la citada ley, se crea un fondo de contingencia para la atención y asistencia al desplazamiento interno.

“Al ser un problema de reciente surgimiento en nuestro estado, es necesario reconocer que no existe una legislación incorporada en nuestro derecho positivo estatal que permita conocer las condiciones objetivas de los desplazados.

A la fecha no existen registros fidedignos sobre la cantidad de personas en esta situación, tampoco se cuenta con un padrón oficial que nos indique realmente estadísticas o cifras oficiales certeras sobre las personas afectadas en situación de desplazamiento interno”, sostuvo.

Se establece que este problema es abordado de manera parcial por organizaciones públicas y sociales pero sin coordinación o intercambio de información con autoridades, lo que hace complejo su análisis y estudio.

“Pero sí existen condiciones que nos hablan de la presencia, recurrencia e incluso de la inevitabilidad del desplazamiento interno”, añadió.


Salazar Machan reconoció que la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos garantizan proporcionan medidas cautelares “pero no nos permiten un ejercicio correcto de atender transversalmente las necesidades de las familias desplazadas”. 

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