Acapulco, Gro.,
abril 23 de 2013 (IRZA).- Con 42 votos a favor y cuatro en contra, el pleno del Congreso
local aprobó el dictamen de reforma a la Ley Estatal de Educación el cual
rechazó las principales propuestas de la CETEG pero sí se retomaron las del bloque
integrado por el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.
Las propuestas presentadas por la CETEG y presentadas al
pleno por la fracción del PRD fueron rechazadas en su mayoría, aunque se
garantiza la gratuidad de la educación y respeto a los derechos laborales de
los trabajadores.
Las comisiones dictaminadoras de Educación y de
Presupuesto y Cuenta Pública establecieron que la reforma aprobada este martes
“no se encuentra en contraposición a las reformas constitucionales aprobadas
recientemente por el Honorable Congreso de la Unión, a las cuales se sumaron
con su aprobación la mayoría de los Congresos Locales, en su papel de
Constituyente Permanente”.
La sesión legislativa de este martes se efectuó en el
Centro Internacional Acapulco (CIA), declarado como recinto alterno, para
evitar protestas y acciones radicales del magisterio disidente y por seguridad
de los diputados y asistentes.
El dictamen fue aprobado por 42 diputados y solo votaron
en contra Oliver Quiroz Vélez, del Partido Movimiento Ciudadano, y los
perredistas Avelina López Rodríguez, Nicanor Adame Serrano y Jesús Marcial
Liborio.
Los diputados solo respetaron dos propuestas del movimiento
magisterial; la de garantizar la gratuidad de la educación en Guerrero y que
anualmente se incremente el presupuesto estatal para el sector educativo.
Sin embargo, rechazaron la creación del Instituto Estatal
de Evaluación que solicitó la dirigencia de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), pero en los transitorios se
establece que en los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, deberá
presentarse la iniciativa para la creación del Instituto de Profesionalización
y Evaluación Educativa de Guerrero con el único propósito de “coadyuvar” en la
transparencia del proceso de evaluación educativa, en coordinación con el
gobierno federal.
Se establece que el gobierno estatal “dará todo su apoyo
a las autoridades educativas federales para que efectúe la evaluación del
sistema educativo del estado de Guerrero; las autoridades educativas del estado
coadyuvarán en tal propósito”.
La evaluación, se agrega, tendrá la finalidad de mejorar
la educación de los niños, jóvenes y los docentes de la entidad considerando
criterios como la diversidad sociocultural, demográfica y socioeconómica del
estado.
“Sus resultados serán tomados como base por las
autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, garantizando en todo
tiempo el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la
educación”, garantiza.
También se suprimió la entrega automática de plazas para
egresados de las normales públicas pues se estableció que seguirán “sujetas a
concursos de oposición” en base a las “disponibilidades presupuestales” del
gobierno federal y del estado.
En el caso de las promociones a cargos de dirección y
supervisión la reforma aprobada este martes establece que “se otorgarán con
base a los resultados del sistema nacional de evaluación educativa”.
Pero se indica que las autoridades educativas del estado
podrán proponer a la Secretaría de Educación Pública Federal “estándares
complementarios para las promociones que tomen en cuenta las particularidades
de la entidad, incluidas las de la educación de los pueblos originarios”.
La dirigencia del magisterio disidente había solicitado que
el ascenso a los dos tipos de cargos administrativos continuara bajo el Sistema
de Escalafón vigente y en que el caso de los pueblos originarios (indígenas) se
recurriera al método de usos y costumbres.
La reforma de la Ley Estatal de Educación en su artículo
seis garantiza la gratuidad de la educación al establecer que “no podrá
condicionarse la inscripción, la igualdad en la prestación del servicio
educativo, la aplicación de exámenes, ni la entrega de documentos escolares al
pago de cualquier cuota”.
Sobre la inversión anual del gobierno federal y estatal
destinarán un monto anual progresivo pues no podrá ser inferior al aprobado en
el ejercicio inmediato anterior.
En el artículo 65 Bis obliga al gobierno federal y
estatal a garantizar el “sostenimiento de las escuelas públicas, y no de los
padres de familia, sin menoscabo de la gestión que hagan a otras instancias”
pero se añade que los padres de familia participarán dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje únicamente con fines de apoyo.
Tras aprobar el dictamen en lo general, los diputados
perredistas Avelina López Rodríguez, Nicanor Adame Serrano y Jesús Marcial
Liborio propusieron reservas de ley en lo particular, sin embargo las tres
fueron rechazadas por mayoría de votos pese a que previamente la fracción del
PRD había acordado respaldarlas, pero al momento se la votación la mayoría se
sumó al PRI y a sus aliados.
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