Chilpancingo, Gro., noviembre 18 de 2013 (IRZA).- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que los luchadores sociales y defensores de derechos humanos de la entidad viven una segunda “guerra sucia” ante la ola de asesinatos, persecuciones y desapariciones forzadas que se han registrado en las últimas décadas.
En
entrevista comentó que con el caso reciente de los dos productores de café de
Atoyac, José Luis Sotelo Martínez y Juan
Lucena Ríos, asesinados la tarde del sábado, se confirma que hay un
endurecimiento de varios personajes hacia ese sector, y exigió al Estado
brindar las garantías para quienes ejercen una actividad organizada a favor de
la sociedad para que continúen en esa ruta.
“Son visos de una guerra sucia, una guerra
contra los movimientos sociales, contra los luchadores sociales; un guerra
abierta, y en contraparte no se llega a la verdad, se sigue ocultando a quienes
están cometiendo crímenes, a quienes siguen alentando la persecución con la
impunidad que impera, y se les da carta de naturalización a la violencia que
impera en el estado, en lugar de dar con el paradero de los responsables”,
dijo.
Como
Centro de Derechos Humanos, consideró, tienen muy pocos avances en las
investigaciones de los casos que han llevado como el de Raúl Lucas Lucía y
Manuel Ponce Ramos, presidente y secretario de la Organización para el Futuro
del Pueblo Mixteco (OFPM) asesinados en el 2009; el ultraje del que fueron
víctimas las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, entre otros casos.
Comentó
que a pesar de que en 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Coidh) dotó de medidas provisionales a 107 luchadores sociales, entre ellos
varios integrantes de Tlachinollan, a
familiares de las indígenas ultrajadas por militares, Valentina e Inés, entre
otros, éstas no se han cumplido, y ellos son quienes tienen que dotarse de
medidas de auto seguridad.
“Los
movimientos no han tenido otra forma de luchar más que hacer valer su derecho a
la protesta, a la libre manifestación, a la organización independiente, y sobre
todo a tener que denunciar la falta de compromiso y la situación de corrupción
e impunidad que vive el estado”, opinó.
Abel
Barrera consideró que todos los que se dedican a defensa de los derechos
humanos, y que tienen inconformidades contra el Estado, están expuestos a
sufrir agresión, detención, persecución, desprestigio, “lo más grave que se
pueda atentar con la vida de cualquier compañero y defensor. No existen
compromisos que se puedan ver por parte de las autoridades ni que haya
mecanismos especiales”.
Pidió
castigo a los responsables de los 15 asesinatos de luchadores sociales que han
ocurrido durante este gobierno.
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