Chilpancingo, Gro., 16 de julio de 2014.- Con
el objetivo de definir los procedimientos que permitan incautar los bienes
muebles e inmuebles que son instrumento, objeto o producto del delito, o que
estén destinados a ocultar o mezclar bienes de hechos ilícitos a favor del
Estado, el Congreso de Guerrero aprobó la Ley de Extinción de Dominio.
Dicha ley tiene el
propósito de crear instrumentos jurídicos que permitan al Estado asegurar los
bienes relacionados con delito contra la salud, en la modalidad de
narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, aún cuando no
se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal del
acusado.
Lo anterior, después de un análisis
para realizar los cambios en la Reforma Penal para adecuarlas a los tiempos
modernos y mejorar la impartición de justicia penal en las instancias
correspondientes en la entidad y armonizarla a los
criterios del nuevo Sistema de Justicia Penal federal.
La Ley de
Extinción de Dominio a implementar en el
estado debe generar, recabar, analizar y consolidar
información fiscal, patrimonial y financiera relacionada con conductas que
pudieran estar vinculadas con la comisión de algún delito así como emitir lineamientos y jerarquizar diseñar y establecer
métodos y procedimientos de recolección, procesamiento, análisis y
clasificación de la información fiscal, patrimonial y financiera que obtenga.
También se agrega proponer al titular de la
Fiscalía Estatal la celebración de convenios de colaboración con las
instituciones y entidades financieras, empresas, asociaciones, sociedades,
corredurías públicas y agentes económicos en materia de información sobre el
origen ilícito de los bienes de procedencia ilícita.
Para ello se debe cumplir la función de
proteger los bienes jurídicos a través de la prevención del delito respetando
los derechos fundamentales y garantías,
que se encuentran plasmados en la Constitución.
Para tales fines las y los diputados del
Congreso Local consideraron que es un paso importante en la armonización de las
leyes poner a la vanguardia los instrumentos jurídicos para que sean más eficaces
y armonizar leyes más claras para no infringir los valores de la convivencia
social.
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