Acapulco, Gro., febrero 23 de 2015 (IRZA).- Varias mujeres y un abogado denunciaron que existe
corrupción entre agentes del Ministerio Público y que delincuentes están al
servicio de la Fiscalía General del Estado.
La queja la plantearon
ante el propio fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, durante
una audiencia pública que ofreció por la tarde aquí.
Las mujeres denunciantes
fueron las señoras Patricia García Jacinto, Julia Alonso Carbajal y Karina
García Jacinto, así como el abogado José Manuel Guadarrama Martínez.
Patricia García Jacinto
acusó al doctor forense Aristeo García Jaimes, quien dijeron que es empleado de
la Secretaria de Salud, de cometer irregularidades en el sepelio de un
familiar, cuyo cadáver se encuentra entre los hallados en “Crematorios
del Pacífico”.
El abogado José Manuel
Guadarrama Martínez denunció que la agente del Ministerio Público adscrita a la
agencia de Asuntos Especiales, María de Carmen González Gaytán, pertenece al
crimen organizado, debido a que “ella me manó levantar”.
Agregó que “me
mantuvieron privado de la libertad y, luego de haberme golpeado, me liberaron,
(y) los que me llevaron me dijeron que eran órdenes de la licenciada González
Gaytán; por eso debe de ser investigada por la SEIDO, y separada de su cargo”.
Explicó que lo anterior
fue producto de la disputa de una casa en la que él tiene los papeles
originales y ella (la funcionaria) trata de apoderarse de la propiedad.
Al fiscal regional de la
Costa Chica, Plácido Cruz Teodoro, lo denunciaron porque presuntamente protege
a sus amigos y compadres, y de haber cambiado los papeles e inculpar a un
agraviado.
A la agente del
Ministerio Público Gabriela Álvarez Torres, fue señalada de haber pedido cinco
mil pesos por iniciar una averiguación previa, y de que cínicamente les dijo
que eran para el titular y sus compañeros.
Otras quejas fueron por
la tardanza en dar a conocer los resultados de los estudios de pruebas de ADN a
personas que sostienen que los cadáveres de familiares están entre los
encontrados en la sede de “Crematorios del Pacífico”.
El fiscal general,
Miguel Angel Godínez, de hecho se dedicó sólo a tomar nota de lo que escuchaba,
y en síntesis únicamente se comprometió a estudiar y resolver cada uno de los
casos, así como a prometer una eficaz impartición de la justicia.
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