BAJO FUEGO. Una más de federales (Opinión)

José Antonio Rivera Rosales


La mañana del pasado viernes 9, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) protagonizaron una nueva agresión contra periodistas en el marco de una operación de cateo de las oficinas de Radio Notisur.
  
Con la prepotencia que los caracteriza, a golpe de mazo los agentes irrumpieron con violencia en las oficinas de la emisora, en el centro de la ciudad de Chilpancingo, desconectaron el equipo de transmisión y pretendieron llevarse detenido al conductor Gamaliel García Barrera, quien en esos momentos terminaba su noticiero matutino.
  
Cuando los periodistas de Chilpancingo se enteraron del atropello, de inmediato se solidarizaron con el conductor, cuyo único delito era ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión.
  
La férrea oposición de los compañeros periodistas a que se llevaran detenido al conductor provocó una reacción airada de los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que jalonaron y golpearon a algunos comunicadores, entre ellos a Sergio Ocampo, el corresponsal del diario La Jornada.
  
No obstante, la postura de defensa de los periodistas -que jamás significaron una amenaza para los agentes federales-, logró que por fin soltaran al conductor Gamaliel García Barrera. Las armas que reporteros y columnistas portaban eran, como siempre, sus cámaras, grabadoras y celulares.
  
Sin embargo, en medio del jaloneo algunos agentes filmaron el incidente y video grabaron a los reporteros, columnistas y algunos civiles que se opusieron a la detención de Gamaliel García Barrera.
  
Por ello, es de esperar que la PGR lance un nuevo embate, por el supuesto delito de obstrucción de la justicia o por amotinamiento, ahora contra todos los periodistas que anteponiendo su cuerpo impidieron que se llevaran al conductor.
  
Si es verdad, como arguyeron los policías, que la emisora 106.3 de FM carece de los permisos respectivos, ello no les da derecho a detener y menos golpear a un periodista que sólo ejercía su derecho constitucional a la libertad de expresión.
  
Es menester observar que los agentes dieron trato de delincuentes tanto al conductor como a sus defensores, los periodistas que se solidarizaron, cuando en realidad sólo estaban impidiendo que se cometiera un atropello más contra la libertad de expresión.
  
En este caso, es claro que estamos ante un burdo pretexto legal para vulnerar la libertad de expresión en el contexto de una nueva embestida del poder público especialmente contra la prensa crítica que, en realidad, representa a un sector de la sociedad guerrerense que dista mucho de alabar la conducta de los gobernantes.
  
Eric Chavelas y José Julio Hernández Vázquez, dirigentes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), hicieron públicamente responsable al presidente Enrique Peña Nieto, a la titular de la PGR, Arely Gómez, así como a los poderes fácticos interesados en acallar las voces de la prensa crítica, de todo lo que le pueda pasar a Gamaliel García así como a los comunicadores que aquel día asumieron su defensa ante la arbitrariedad y prepotencia con la que se condujeron los agentes federales.
  
Precisamente un día después de los hechos, la dirigencia nacional del SNRP reunida en pleno en el puerto de Acapulco, encabezada por Fernando Olivas, hizo público un pronunciamiento en el que se exige a las autoridades federales respeto a la libertad de expresión así como una investigación de los hechos en mención.
  
Hasta ahora las autoridades no han tenido la atingencia de informar porqué pretendían llevarse al conductor García Barrera, cuando en estricto derecho sólo contaban con una orden de cateo del inmueble. Como profesional del derecho, el agente del MPF conoce perfectamente de la jerarquía de la ley, según la cual ninguna norma está por encima de la Constitución General de la República.
  
Con su actuación, los federales violaron el artículo 6 constitucional así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, normas que están por encima de cualquier otra ley federal.
  
Pareciera que el agente del Ministerio Público Federal responsable del operativo tenía el interés en secuestrar al conductor, al que dieron trato de delincuente, cuando sólo transmitía un noticiero y, en términos laborales, sólo es un humilde trabajador de comunicación, que eso es lo que son los periodistas: obreros de la comunicación.
  
Desde que arrancó el gobierno de Enrique Peña Nieto arreciaron  los ataques contra la prensa, especialmente con la parte más vulnerable de los medios de comunicación, que son los reporteros. Muchos periodistas han sido asesinados y otros desaparecidos especialmente en los estados de Veracruz y Guerrero, las dos entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México.
  
No obstante, los profesionales de la información constituyen un segmento de la sociedad que seguirá incansablemente documentando el acontecer cotidiano del país, pese a los riesgos que ello implica.
  
Si la PGR endereza procedimientos legales contra los periodistas que impidieron la detención de su compañero -es decir, si lleva a cabo un uso faccioso de la ley- sólo provocará que todos los guerrerenses bien nacidos se unifiquen frente a este nuevo embate del poder público que padecemos en México. Estaremos pendientes si esto sucede.
  
Todos somos Gamaliel.