Por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas, no aplicar la norma 046, organizaciones civiles de mujeres, clausuraron de manera simbólica, la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Secretaria de Salud respectivamente.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, poco después del mediodía, organizaciones de mujeres, se presentaron en la entrada de la FGE, donde colocaron sellos de "clausurado", con mensajes como, "revictimizar , cuestionar y difamar a las víctimas y sus familias", "por la falta de debida diligencia en la investigación de los feminicidios", "por sus omisiones, negligencia e impunidad ante la violencia feminicida", "por no procurar justicia ni dar atención a las víctimas", "por no otorgar órdenes de protección para prevenir los feminicidios".
A nombre de las organizaciones convocantes, Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDSER), dio lectura a un pronunciamiento, en que dio a conocer que de 2012 a 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), registró 12 mil asesinatos de mujeres, de los cuales, solo el 22 por ciento iniciaron investigación como feminicidios.
Las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género, aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen, son 'negligentes y omisas'", acusaron las activistas.
De acuerdo con datos del OCNF, el 40 por ciento de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, retenían entre 21 y 30 años de edad, y el 70 por ciento, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito púbico, las causas de muerte fueron golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con arma de fuero, entre otras.
De acuerdo con el gobierno federal del 2012 al 2016 solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio sin determinar si fueron o no condenatorias.
En el mismo pronunciamiento, plantearon como exigencias, un compromiso real del nuevo gobierno federal, para resolver de fondo y con enfoque diferencial, la situación de las violencias que viven las niñas y mujeres en México; que el poder legislativo proponga un marco legal que depure a las instancias que pasaron de procuradurías a fiscalías, a fin de sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstruyan el acceso a la justicia.
Que la autonomía de las fiscalías no sea un sinónimo de impunidad ante los derechos de las víctimas y sus familiares, que el poder legislativo, las autoridades, estatales y federales, construyan de menara coordinada, marcos legales y las políticas públicas, sean ara salvaguardar la vida e integridad física de la mujeres; que el presiónele de la república electo, gobernadores y gobernadoras, incluyan el combate, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres como un eje transversal y una prioridad en sus agendas políticas.
Posteriormente, las activistas se trasladaron a las oficinas de la Secretaría de Salud, donde de igual manera, clausuraron la entrada de manera simbólica con la colocación de sellos, la acusaron de negarse a aplicar la norma 046, que señala la obligación del personal médico, para atender a las víctimas de violencia sexual, y realizar un aborto como lo estipula la ley.
En materia de violencia sexual, la situación es preocupante, señaló Gutiérrez Sotelo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, durante el 2017, solo 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, en comparación con los casi 6 mil reportes de delitos sexuales al año, en los que 9 de cada 10 víctimas son mujeres, subrayó que las mujeres víctimas de este tipo de violencia, no reciben una atención integral, al contario, en la mayoría de los casos las criminalizar al negarles el acceso a la interrupción legal de embarazo.
Agregó que tan solo entre 2008 y junio 2017, organizaciones no gubernamentales documentaron 2 mil 659 denuncias contra mujeres por delito de aborto, quienes se enfrentan además a los obstáculos que ponen los grupos anti derechos, que impiden avance en la igualdad sustantiva de las mujeres. (www.notymas.com)
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