miércoles, 26 de septiembre de 2012

La CTM no avala la reforma laboral, afirma Rodolfo Escobar


Chilpancingo, Gro., septiembre 25 de 2012 (IRZA).- La reforma laboral que prevé aprobar el Congreso de la Unión no debe restringir ni mutilar los derechos de los trabajadores y menos atentar contra la vida sindical, afirmó el diputado local del PRI, Rodolfo Escobar Ávila.

Sostuvo que la propuesta del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, pretende violentar el sistema sindicalizado y atenta contra los conquistas laborales por las que han luchado sus agremiados en muchos años.

Advirtió que el sector obrero y los agremiados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Guerrero, a la que pertenece “no estamos dispuestos a aceptar” porque vulneran sus ingresos y desarrollo de vida.

Durante la sesión legislativa de este martes, Escobar Ávila, propuso un punto de acuerdo en el que se exhorta al Congreso de la Unión para que analice y en su caso modifique la reforma laboral enviada por el jefe del Ejecutivo Federal antes de que se cumplan los términos legales para su aprobación.

“De tal forma que no se vean violados los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y no solo se beneficien los intereses políticos, monopólicos y de poder como actualmente esta contemplado por el Ejecutivo Federal”, resaltó.

El punto de acuerdo propuesto por el legislador local del PRI fue aprobado por unanimidad de votos y respaldado por las fracciones del PRD, Movimiento Ciudadano y PT.

Planteó que la reforma laboral mutila los derechos más sagrados de los trabajadores la “flexibilidad del mercado laboral” además de que limita los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias.

“También cancela el carácter tutelar a favor de los trabajadores debilitando el derecho de huelga ya que establece un control mayor del procedimiento al obligar a los trabajadores  a señalar de forma precisa las violaciones al contrato colectivo y la forma de repararlas”, sostuvo.

Además de que resalta la propuesta del pago de los salarios vencidos hasta por 12 meses afectando el derecho del trabajador, y no promueve un sistema de justicia laboral más eficiente por antigüedad.

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