Al conmemorarse el Día Internacional
de la Violencia contra las Mujeres, la legisladora del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) resaltó que en pleno siglo 21 se siguen generando prácticas
que violentan sus derechos humanos principalmente en zonas indígenas y
marginadas.
Informó que “para la mayoría de las mujeres indígenas guerrerenses,
los derechos como la libertad, la igualdad, la educación, la salud, etcétera,
son sólo sueños que muy pocas veces se disfrutan”.
En contraste, agregó la legisladora, “las cifras sobre la violencia en sus
diferentes modalidades siguen siendo una cotidianeidad y a la vez un tema
pendiente por erradicar”.
Ayala Mondragón refirió que en reiteradas ocasiones se ha señalado que los
derechos fundamentales de las mujeres en los municipios de la región de la
Montaña “son violentados en todo el esplendor de la palabra, y posiblemente una
de las causas sea por determinados usos y costumbres.
Por ejemplo, comentó, en localidades de los municipios de Metlatónoc,
Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Alcozauca, Acatepec,
entre otros, aún se mantiene la costumbre de que el matrimonio se decida,
principalmente por el padre o tutor, sin tomar en cuenta, la voluntad de la
mujer indígena.
Anteriormente, la costumbre del matrimonio indígena estaba investida de
solemnidad y se distinguía por “la dote”, consistente en otorgar obsequios a
los padres de la novia, como pan, ganado vacuno o bovino entre otros, dijo la
diputada local.
Sin embargo, en el transcurso del tiempo, esta tradición ha sufrido algunas
transformaciones, así, partir de dos décadas a la fecha, la mayoría de los
padres de la hijas reciben cantidades en dinero para conceder el consentimiento de ellas, comentó.
Informó que de acuerdo a un diagnóstico realizado el año pasado por la
Secretaría de la Mujer, se constató, que en algunos casos donde para celebrarse la boda, el hombre debe dar
hasta 60 mil pesos al padre o tutor de la mujer (en ocasión aún niñas de 12 a
17 años).
En consecuencia, dijo, el matrimonio para las mujeres indígenas se traduce
en una supresión del derecho de decidir libremente a su pareja, pues quienes
deciden por ellas, son sus padres o tutores, que por cuestiones
tradicionalistas, usos y costumbres, las inducen y en ocasiones las obligan, a
casarse con la persona que “la ha pedido”.
Mero, acotó. El problema no acaba con el matrimonio, sino que ya después de
casada, la mujer se convierte en sirvienta, trabajadora y en ocasiones en casi
esclava del marido. Estas prácticas fomentan la prevalencia de matrimonios forzados
en estos municipios indígenas.
Por ello, la
diputada Luisa Mondragón presentó una iniciativa de reforma a diversas leyes
para castigar hasta con 16 años de prisión a quien obligue a una mujer a
contraer matrimonio de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en
especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o
grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella.
Esa sanción también
aplicará a quien obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla
o someterla a esclavitud o prácticas similares, o a quien ceda o trasmita a una
persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera.
La legisladora perredista informó que esta reforma permitirá generar un
contrapeso jurídico que permita un mayor respeto a los derechos fundamentales
de la mujer indígena.
No es óbice mencionar que como consecuencia de este desagradable escenario,
el año pasado, la cuarta visitaduría general de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, inició una queja de oficio por presuntas violaciones a
derechos humanos cometidas en agravio de las mujeres indígenas de esta entidad
federativa, principalmente, sobre el tema de la venta y/o matrimonios forzados.
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