Chilpancingo,
Gro., junio 04 del 2013 (IRZA).- Integrantes del Frente
Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomos (Fuerza) pidieron al
gobierno estatal una seria, amplia y responsable investigación para esclarecer el
triple homicidio de los luchadores sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael
Banderas Román y Ángel Román Ramírez, quienes forman parte de un grupo de ocho
personas desaparecidas en Iguala, el jueves 30 de mayo.
Demandaron que este triple homicidio de luchadores
sociales “no queden impunes”, pero sobre todo que se castigue a los
responsables tanto materiales como intelectuales, porque no hay razón de
asesinar a quienes luchan ante las autoridades por una vida digna.
Leonardo Castrejón Álvarez, representante del Sindicato
Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Subcobach) y Javier Vázquez
García, asesor jurídico del Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomos,
entre otros, también demandaron la protección de las personas que escaparon y
para sus familias, porque son vulnerables ante estos lamentables hechos de
violencias que se están viviendo en Guerrero.
Externaron que ya “hay temor” e incluso “zozobra” de un
considerablemente número de personas que hacen vida política y sindical en
Guerrero por los recientes acontecimientos que se están presentando.
Resaltaron que durante el Movimiento Popular Guerrerense
(MPG) que ha accionado, buscando mecanismos que les permitan una negociación en
favor del magisterio y de las organizaciones sociales que hacen vida política,
tienen ya 40 demandas penales, lo que consideraron por el gobierno estatal “una
forma de presión y represión”.
Los dirigentes de Fuerza condenaron y exigimos a los tres
órdenes de gobierno que cesen la represión en contra de los luchadores
sociales, o para quienes luchan por defender los derechos y las mejoras de la
clase trabajadoras y sobre todo del magisterio.
Externaron que Fuerza ha caminado junto a la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y demás
organizaciones que se sumaron a la lucha para que no pasara una reforma que
lesiona y conculca los derechos de los trabajadores.
Además externaron que como organizaciones sindicales, se
solidarizaban con las familias de los compañeros de la Unión Popular
Guerrerenses (UPG) asesinados, en la que se aglutinaban para hacer vida
política y gestión social.
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