Analizará Tlachinollan si asume la asesoría jurídica de la CRAC

Chilpancingo, Gro., septiembre 03 de 2013 (IRZA).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, analizará si asesora la mesa mixta jurídica donde la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Gobierno del estado.

En esa reunión se revisarán 21 casos de 32, de policías comunitarios que están bajo arraigo porque no les parecieron varios acuerdos a los que llegaron las Casas de Justicia y el gobierno del estado.

Ayer hubo una reunión entre el gobierno del estado y tres de las cuatro Casas de Justicia de la CRAC, Zitlaltepec, Metlatónoc; Espino Blanco, Malinaltepec y San Luis Acatlán, pero no asistió ningún representante de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, la cual acordó el coordinador de San Luis Acaltán, Eliseo Villar Castillo, desconocerán en una próxima asamblea.

Para el coordinador del área Jurídica de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, los acuerdo pactados entre CRAC- Gobierno, salen del marco legal de ese sistema de Justicia, en el que su órgano máximo, es la gente y son ellos los que deben tomar las decisiones de expulsar o vetar a alguien del sistema, como se comprometieron ayer con el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.

Rosales consideró que la estrategia del gobierno federal es “dividir y desmantelar” a la CRAC que parece estar funcionando, porque entre los casos que acordaron revisar no se encuentra el de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García recluida desde hace 13 días en un penal de máxima seguridad, lo cual para ellos no es correcto.

Dijo que las tres casas de Justicia que participaron en la mesa con el gobierno no actúan conforme mandata la CRAC y para ellos como defensoría de Derechos Humanos es muy peligroso, no sólo porque pone en riesgo la credibilidad, legitimidad y legalidad que por 18 años ha caracterizado a la CRAC; sino, porque pone en riesgo la libertad de compañeros suyos, como es el caso de Nestora, a quien no la apoyaron durante la reunión de ayer.

Lo que les queda, dijo, es seguir con la asesoría legal sobre el caso de Nestora, del cual no son titulares, y de los otros 10 policías comunitarios, también acusados de secuestro agravado, cuyos casos por la misma justificación que dio Martínez Garnelo, no serán analizados.

Exaltó que la intención de la asamblea regional del pasado 31 de agosto,  fue para privilegiar la unidad y juntos buscar la defensa de los comunitarios detenidos, incluidos los dos coordinadores; la permanencia de El Paraíso, consideró, es un tema pendiente que le compete sólo a la organización, pero, el gobierno del estado se inmiscuyó durante la reunión.