martes, 14 de febrero de 2012

AGE mantiene exigencia de cuentas públicas, pero diputados negocian con alcaldes corruptos

Por Jorge Romero Rendón
La Auditoría General del Estado (AGE) cerrará con un calendario de entregas que van del 16 al 29 de febrero, la recepción de la Cuenta Pública anual 2011 y del Tercer Informe Financiero Cuatrimestral del mismo año, en medio de un ambiente político enrarecido por los diputados salientes del Congreso local, que recientemente exoneraron sospechosamente a 13 alcaldes que no han cumplido cumplieron con la rendición de cuentas.
La entrega de cuentas públicas es una obligación ineludible de quienes gobiernan los ayuntamientos, tanto de los alcaldes como de los síndicos, los tesoreros y los directores de obras públicas, por lo que todos ellos están sujetos a fiscalización porque manejan recursos públicos estatales y federales.

En ese marco, el requisito mínimo que deben cumplir todos ellos es comprobar el buen uso del dinero público, de acuerdo a una metodología contable que el actual titular de la AGE, Arturo Latabán López ha promovido en cursos de capacitación. Latabán lleva un año trabajando codo a codo con los alcaldes y sus funcionarios, por lo que ya nadie puede llamarse a ignorancia en materia de contabilidad gubernamental.
Y si los 81 presidentes municipales que hay en Guerrero no se han robado el dinero, son 81 las cuentas públicas que la AGE deberá recibir a partir de mañana en una calendarización que otorga todas las facilidades a quienes las presentarán, incluyendo un diagnóstico preliminar que de inicio le indica a los alcaldes las fallas técnicas que se les encuentre a sus informes, para que los corrijan antes de su recepción definitiva.

Sin embargo, el optimismo no tiene cabida en la propia AGE, luego de que apenas la semana pasada Latabán López anunció la suspensión provisional de los tesoreros y directores de obras de los ayuntamientos de Acatepec, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte y Copalillo. Incluso los alcaldes de los primeros tres ayuntamientos mencionados habían sido sujetos de una acusación formal de la AGE ante el Congreso local, para revocarles el mandato ante su negativa de entregar cuentas a la máxima autoridad fiscalizadora del estado.

Pero Faustino Soto y sus secuaces abrieron negocio…
De hecho, la AGE había solicitado al Congreso la revocación del mandato como alcaldes de Marino Miranda de Teloloapan, Francisco Estrada Campos de Cutzamala, de Esteban González de Cochoapa, Roberto Almora de Alpoyeca, de Leonel Angel Nava de Quechultenango, y de Manuel Cuevas de Apaxtla.

Ninguno de ellos ha entregado una sola cuenta pública, pero el Congreso local, a iniciativa del presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto, los exoneró con el argumento de que “no hay pruebas contra ellos”.
¿No es suficiente prueba la omisión de su obligación constitucional de rendir cuentas, agravado por el hecho de tratarse de algunos de los municipios más pobres de Guerrero?

Para colmo, con la misma mañosa argumentación, los diputados cancelaron el requerimiento de juicio político quela AGE había presentado en contra de los alcaldes de Malinaltepec, Coyuca de Benítez, Cuetzala, Ahuacuotzingo, Marquelia, y de nuevo contra los de Acatepec y Atlamajalcingo del Monte.
Lo curioso de esas exoneraciones estriba en que algunos de los incumplidos alcaldes del PRD están siendo favorecidos con precandidaturas a diputaciones federales de ese partido. El caso que más llama la atención es el de Marino Miranda, edil perredista de Teloloapan, quien habría “ganado” la encuesta que ese partido aplicó en el Distrito 02 de la zona Norte, con cabecera en Iguala, y podría ser designad ocandidato del PRD pese a que adeuda varios millones de pesos de cuyo destino se desconoce el paradero, aunque hay denuncias en aquel municipio acerca del enriquecimiento acelerado e inexplicable de Marino Miranda.

En ese marco, desafortunadamente es la legislatura de mayoría perredista la que está poniendo el mal ejemplo, pues ya se demostró que todo alcalde que desvíe recursos públicos o incluso se los robe, tendrá garantizada la impunidad desde el Congreso del Estado.
Ojalá que los esfuerzos de Latabán López por imponer la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas no se vean alterados por la falta de probidad de unos legisladores ávidos de negociaciones secretas para cobrarse “comisiones” en donde las haya para financiar sus precampañas electorales.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario