Chilpancingo, Gro., enero 22 de
2013 (IRZA).- El
diputado local del Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar Marchán, afirmó que
la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el
movimiento de autodefensa en los municipios de la región Costa Chica es “una
provocación”.
“¿Qué autoridad moral puede tener
la CNDH?”, preguntó, pese a que su presidente Raúl Plascencia Villanueva,
-acusó- era “personero” del ex secretario de Gobernación, Alejandro Poaré
Romero, “no tiene ni razón de ser”.
“Es como el animal que se esponja
para verse grande cuando ha perdido toda autoridad moral y no es grande la
CNDH”, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
local.
Añadió que la posición del órgano
defensor busca “inhibir” la autodefensa pese a la constante violencia en esa
zona y por ello recurrió a iniciar una queja de oficio contra el gobierno de
Guerrero.
Expuso que los órganos locales de
defensa de los derechos humanos ni civiles se han pronunciado contra las
acciones de los grupos de autodefensa que buscan garantizar la seguridad de sus
entonos.
Incluso añadió que los alcaldes
de la región Costa Chica han manifestado su conformidad con la existencia de
los grupos de autodefensa, “hasta ahorita no he visto a alguien que esté en
contra de que los pueblos se defiendan”.
A través de un comunicado, la
CNDH confirmó el lunes de oficio una queja por los movimientos de autodefensa
en los municipios de Ayutla de los Libres, San Marcos y Tecoanapa cuyos habitantes tomaron el
control de la seguridad.
Recordó que de acuerdo con el Artículo 17 Constitucional, “ninguna
persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar
su derecho”.
Advirtió que dentro de la indagatoria que lleva a cabo, tomará en cuenta
las acciones y omisiones de las autoridades municipales guerrerenses, y una vez
se integre el expediente se emitirá la determinación correspondiente.
El legislador petista afirmó que la CNDH omitió la garantía que otorga la misma Constitución a los ciudadanos de
garantizar su propia seguridad, “aquí no hay flagrancia, no hay delito; es una
respuesta”.
-“¿A qué le atribuye la razón del
comunicado?”- le preguntó una reportera.
-“El asunto es que se siente
presionado el presidente de la CNDH, se ve presionado y está buscando
justificar su desempeño. Hoy es actor de oficio, cuando hay cosas en las que sí
debería de actuar como defensor de oficio”,- comentó.
Salazar Marchán, dijo que la
actuación de la CNDH se da en el contexto del caso Ayotzinapa donde actuó
precipitadamente para proteger a los policías federales de su participación en
la agresión a los normalistas en el desalojo del 12 de diciembre del 2011.
“Fue claro que actuaron bajo
oficio, no estaba terminada la investigación contra Alberto López Rosas como
procurador de Justicia ni contra Ramón Almonte Borja como ex secretario de
Seguridad Pública cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió sus
recomendaciones”, expuso.
“El ex secretario de Gobernación,
Alejandro Poaré Romero, era claro que tenía intereses de proteger a la Policía
Federal y por eso cerró la pinza con una recomendación apresurada,
descontextualizada y sin derecho de la CNDH”, acusó.
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