Chilpancingo, Gro.,
octubre 23 del 2013 (IRZA).- Unos 200 integrantes del
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de
Bachilleres (Stacobach), marcharon hasta las instalaciones del Juzgado
de Distrito Federal de esta capital para interponer una demanda de amparo en
contra de las leyes reglamentarios de las leyes educativas.
La
marcha partió de las oficinas del Stacobach, ubicadas en la calle Morelos hasta llegar al Juzgado de Distrito del
Poder Judicial de la Federación, ubicada en la calle 5 de Mayo, dónde realizaron
un mitin porque consideran que las leyes reglamentarias, como la Ley General de
Educación, la Ley que crea el Servicio Profesional Docente, y la Ley del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa afectan a sus intereses laborales.
Ramón
Zúñiga García, secretario general del Stacobach sostuvo que estas leyes
violentan los derechos laborales de los trabajadores, criterios que tienen que
ver con el ingreso a trabajar en el Colegio de Bachilleres, la permanencia, el
reconocimiento, la promoción, estímulos y las recategorizaciones.
Comentó
que las leyes antes citadas contravienen en materia educativa en lo que ya se
tiene pactado con el Colegio de Bachilleres, porque en esa institución educativa ya se cuenta
con un reglamento de basificación, promoción y un reglamento de estímulo
al desempeño académico.
Externó
que las leyes que promulgó el 11 de septiembre presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, contravienen en espíritu del Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT), y que ante ello solicitan al Poder Judicial de la Federación (PJF) la protección de la justicia laboral porque
son vulnerables a deshacerse de beneficios ya logrados.
Sostuvo
que demandan a que desde la presidencia de la República, el Congreso de la
Unión, la Secretaría de Gobernación (Segob), la de Educación Pública (SEP), el
gobierno de Guerrero y la Secretaría de Educación Guerrero (Seg) y la Dirección
General del Colegio de Bachilleres no “nos apliquen estas tres leyes
reglamentarias”, porque afectan al sector educativo.
Insistió
que los derechos laborales ya son parte de los derechos humanos desde junio del
2011, después de una reforma a la
Constitución, en el sentido de que los derechos humanos debe tener siempre un
principio de progresividad, de mejorar sus condiciones de vida, no detrimento y mucho menos de violaciones del Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT) ni en los derechos humanos.
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