Chilpancingo, Gro., noviembre 25 de 2013 (IRZA).- Policías de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), realizan operativos, retenes de vigilancia y guardias nocturnas en los ocho municipios donde tienen presencia.
Alternan
estas actividades con marchas, protestas, tomas de carreteras, en exigencia de
la liberación de 11 miembros de ese sistema detenidos desde agosto de este año
por el delito de secuestro.
Arturo
Campos Herrera, consejero de ese sistema de Justicia, consideró que la
estrategia del gobierno federal, “porque vemos que el gobierno del estado sólo
orquesta, obedece órdenes”, para desaparecer a todos los movimientos sociales
que denuncian las irregularidades gubernamentales.
A
18 años de que nació la CRAC, Arturo Campos, lamentó que el gobierno del estado
haya logrado dividir al sistema, y se resista a abogar por la liberación de los
12 presos que consideró políticos.
“Porque
se les acusa en el caso de Nestora (Salgado García coordinadora de la Policía
Comunitaria en Olinalá) de secuestro por las misma denuncias que hicieron los
delincuentes que nosotros teníamos en reeducación y el gobierno liberó”, dijo.
Recordó
que el gobierno del estado liberó a por lo menos 60 presos de los que tenían en
la Casa de Justicia de El Paraíso, y luego ellos mismos interpusieron denuncias
penales contra Nestora Salgado y otros
miembros del sistema, para que fuesen juzgados por la justicia
convencional.
“Cuando
nosotros tenemos nuestro propio sistema de justicia, y ellos cuando enviaron,
por ejemplo estora al síndico Armando Patrón lo hizo porque robó una res, y
apegada a nuestra ley”, recordó.
Dijo
que a 18 años de haberse formado el sistema le da tristeza que lo estén
desintegrando.
Admitió
que los habitantes de Ayutla, de donde es originario, que siempre ha sido “foco
rojo” para el estado, “ha habido muchos movimientos allí. Ayutla ha sido
histórico, desde la época de Juan Álvarez. El surgimiento de la policía
comunitaria lo relaciona el gobierno con muchos movimientos más y no debió ser
así”.
Aseguró
que del dinero que da el gobierno del estado a la Casa de Justicia de San Luis
Acatlán, ellos no reciben “un quinto”, y aun así siguen trabajando porque la
delincuencia no termina, “aunque ahorita nos quieren mandar a otro cártel, yo
creo porque nos ven debilitados. Seguimos y seguiremos, porque la gente nos
necesita”.
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