Chilpancingo, Gro., noviembre 25 del 2013 (IRZA).- Dirigentes sociales exigieron al gobierno estatal esclarecer el cúmulo de asesinatos que se han cometido durante los últimos dos meses contra sus compañeros, principalmente los registrados en el municipio de Atoyac de Álvarez, región Costa Grande.
La
postura fue dada a conocer este lunes en conferencia de prensa por Orfe
Castillo Osorio, integrante de la Red de Defensoras de los Derechos Humanos en
México y Felicitas Martínez Solano, consejera de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) en las regiones Montaña y Costa Chica.
A
la cual se sumaron Norma Mesino, Mesino,
hermana de la extinta Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización de Campesinos
de la Sierra del Sur (OCSS) y María
Salgado García, hermana de la promotora de la Policía Comunitaria en el
municipio de Olinalá, Néstora de Olinalá, recluida en un penal federal de
Nayarit desde agosto de este año por el delito de secuestro.
Al
conmemorar el Día Internación de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres y Niñas, activistas guerrerenses exigieron justicia y frenar los
ataques contra ese sector “vulnerable”.
Todas
ellas urgieron al gobierno estatal la aplicación de la justicia ante los atropellos contra
luchadores sociales, pero también contra el encarcelamiento y asesinatos contra
las mujeres.
Exigieron
la pronta liberación de Nestorá Salgado García y Gonzalo Molina González, este
último coordinador de la Policía Comunitaria en el municipio de Tixtla,
detenido recientemente por el delito de terrorismo, privación de la libertad y
lesiones.
Las
activistas argumentaron que sus compañeros sólo defendían a sus pueblos de los
robos y secuestros en los que presuntamente está involucrada la delincuencia
organizada que opera en esas zonas.
Externaron
que en Guerrero son víctimas constantes de injusticias, toda vez que el
gobierno tiene una estrategia de
eliminación de las disidencias porque no
le gusta la protesta ni la lucha social.
Resaltaron
que el gobierno pretende a un pueblo a modo, callado, sumiso, con el que
pretende comprar conciencia, la dignidad de un pueblo, además de que les
pretende sembrar el terror para que no haya exigencias de la mala justicia que
se aplica.
Las
mujeres afectadas urgieron a la
Organización de las Naciones Unidas ONU
intervengan para que en Guerrero cesen los asesinatos
y encarcelamientos de
luchadores sociales, porque los
gobernantes le apuestan al silencio y al abandono de sus comunidades.
Agregaron
que como cualquier ciudadano tienen derecho a una justica imparcial y urgieron castigo
para los autores materiales e intelectuales de Rocío Mesino Mesino porque
todavía le “dieron el tiro de gracia”.
Coincidieron
en que falta acceso a la justicia de familiares de defensores que han sido
asesinados en los últimos meses en Guerrero e insistieron con el caso de Mesino,
así como su compañero Luis Olivares Enriques, asesinado el 10 de noviembre.
De
todos esos casos, dijeron, ninguno ha sido esclarecido y presumieron que la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ni siquiera los investiga.
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