Chilpancingo, Gro., 15 de enero de 2014.- Hasta
doce años de cárcel se impondrán a los servidores públicos en Guerrero que
cometan, instiguen o autoricen a otros a torturar a una persona para obtener
información o alguna confesión.
Este martes, por
unanimidad, las y los diputados locales aprobaron una ley para prevenir,
sancionar y erradicar todo tipo de tortura en la entidad, dando con ello
respuesta a una añeja demanda de grupos civiles.
Por ser la tortura uno de
los actos más reprobables que han atentado y atentan contra la integridad y la
dignidad de las personas, los diputados locales aprobaron, en dos sesiones
ordinarias, el dictamen que emitieron al Pleno las Comisiones de Justicia y de Derechos
Humanos, derivada de la iniciativa que presentó al Congreso el Ejecutivo
estatal.
La nueva ley se
establece que se impondrán de cuatro a 12 años de prisión, de 200 a 500 días de
multa, así como la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier
cargo para los servidores públicos que instiguen o
autoricen a otro a cometer tortura contra una persona para obtener información
o confesión.
Además,
se señala que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante
tortura o tratos crueles, degradantes e inhumanos podrá invocarse como
prueba y no tendrá valor probatorio ante
una autoridad policiaca, ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad
judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y,
en su caso, del traductor.
También
se especifica que el responsable de la comisión de alguno de los delitos que se
señalan en la Ley deberá cubrir a la víctima de tortura los gastos de asesoría
legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que
se hayan erogado como consecuencia de ésta, y estará obligado a reparar el daño
y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes
económicos.
En el dictamen se destaca
que la tortura constituye una violación grave a los
derechos humanos porque se considera como ofensa a la dignidad humana de las
personas.
En ese sentido, en
cumplimiento a la Convención contra la Tortura y Otras Tratos o
Penas Crueles, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nadie debe
ser sometido a está practica ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes, por lo que abatir su ocurrencia se convierte en uno de los mayores
desafíos del Estado.
Una
de las novedades de este nuevo ordenamiento es la creación de un Comité Técnico de Análisis y Evaluación, como
instancia técnica de examen y seguimiento de los casos de tortura y estará
integrado por los presidentes de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado, y de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia e Instructora del Congreso local, así como del Tribunal
Superior de Justicia, entre otros.
Acuerdos
En
otro punto se turnó a la Comisión de Turismo el exhorto, propuesto por el
diputado Rodolfo Escobar
Ávila, al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Turismo a que
destine recursos económicos para implementar, difundir y promocionar un “Sello de Calidad
Turística”, en el municipio de Acapulco.
Asimismo,
a petición del diputado Omar
Jalil Flores Majul se exhortó al Ejecutivo Federal para que instruya al
Secretario de Comunicaciones y Transportes que designen obras a las empresas
constructoras guerrerenses, en el proceso de reconstrucción que se está
llevando a cabo en la entidad para activar la economía del ramo de la
construcción.
En
otros asuntos, se exhortó a los ayuntamientos que validen las reformas a la
Constitución Política para consolidar el respeto irrestricto a los derechos
humanos en la entidad y otorgar certeza jurídica en la próxima designación del
nuevo presidente y su consejo consultivo que integrará la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos.
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