Diputados locales acordaron llamar a comparecer ante comisiones al fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para que informe y aclare sobre la carpeta de investigación relativa al homicidio del empresario César Zambrano Pérez, y sobre la evidencia videográfica de este asunto.
En tribuna, el diputado Omar Jalil Flores Majulpropuso un exhorto para solicitar al fiscal un informe sobre dicho caso, donde están involucrados Juan Alejandro Tapia Reyes y su hijo Rodrigo Tapia Uribe, a quienes se les vincula con el homicidio del empresario, pero a propuesta del diputado Zeferino Gómez Valdovinos, se aprobó la comparecencia ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.
Ambos diputados señalaron que el miércoles por la noche en un noticiero se presentó una nota alusiva al asesinato del empresario Zambrano Pérez, señalando a dos presuntos responsables, de los cuales se menciona que fueron detenidos en Zihuatanejo; sin embargo, -agrega la información- al parecer este asunto es falso porque se muestra un video donde se observa el secuestro de Juan Alejandro Tapia Reyes y se informa que su hijo fue detenido por presuntos policías ministeriales cuando hizo la denuncia. Posteriormente a la familia se le exigió 150 mil pesos.
Al respecto, manifiestan que dicha nota revela que los procedimientos ministeriales no son creíbles, porque se muestran evidencias que señalan que existen graves errores aparentes en el procedimiento judicial, dado a las evidencias mostradas en el noticiario.
Los legisladores señalan que las condiciones de inseguridad que vive Guerrero y el país hacen necesario que los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, honorabilidad, profesionalismo y certeza jurídica marquen la ruta de actuación de todos los procesos de indagatorias ministeriales y judiciales.
Por eso es necesario que acuda el fiscal ante dichas comisiones e informe sobre la indagatoria del caso mencionado; para ello, la Junta de Coordinación Política acordará la fecha y hora.
En otros asuntos, diputados locales aprobaron aumentar la pena de prisión de cinco a diez años y de quince a veinticinco, y ampliar el espectro del catálogo de las agravantes del delito de extorsión, así como establecer la multa de doscientos cincuenta a mil unidades de medida.
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