viernes, 13 de julio de 2012

Objetará auto de formal prisión abogados del ex subprocurador


Chilpancingo, Gro., julio 12 de 2012 (IRZA).- La defensa de Alejandro Hernández Paz y Puente, ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), objetará el auto de formal prisión que dictó en su contra el Juzgado Primero de Distrito por el caso Ayotzinapa.



Además, la PGJE prepara un grupo de abogados para defender y asesorar jurídicamente al ex fiscal regional por el delito contra la administración de justicia relacionado con la cusa penal09/2012 iniciada por los hechos del 12 de diciembre del 2012.

La fiscalía estatal defenderá también a Rocío Cruz Méndez, agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien fue detenida junto con Paz y Puente en base a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso Ayotzinapa.

Lo anterior, fue confirmado la tarde de este jueves por dos funcionarios de la fiscalía estatal quienes pidieron mantener en reserva su identidad porque –dijeron- la única facultada para informarlo es la procuradora, Martha Elba Garzón Bernal.

En el auto de formal prisión contra Hernández Paz y Puente dictado por el Juzgado Primero de Distrito a cargo del juez federal, Jorge Arturo Porras Gutiérrez, se le acusa de “obstrucción a la justicia” en agravio de al menos 24 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

En el desalojo violento del 12 de diciembre del 2011 por elementos de la Policía Federal, Estatal e Investigadora Ministerial (PIM), fueron asesinados los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Agentes de la PIM detuvieron ese día a 24 estudiantes, entre ellos a Gerardo Torres Pérez, quien presuntamente portaba un rifle de alto poder exclusivo del Ejército y que habría accionado contra sus compañeros tras resultar positivo a una supuesta prueba de radisonato de sodio.

Sin embargo, días después del desalojo y del señalamiento hecho por el ex procurador general de Justicia, Alberto López Rosas, fue dejado en libertad sin ninguna justificación legal, acto que profundizó en sus investigaciones la PGR y de ello derivó la detención de varios ex funcionarios de la PGJE, entre ellos, Hernández Paz y Puente, Rocío Cruz Méndez y el propio López Rosas.

José Torreblanca López, abogado de Hernández Paz y Puente, afirmó que su cliente no debió ser detenido por la misma causa que fue absuelto en el ámbito local, además de que no existía ninguna orden de aprehensión en su contra porque su proceso jurídico a nivel estatal todavía no concluye.

No obstante, precisó que existen argumentos legales para echar abajo la actuación del juez federal, Jorge Arturo Porras Gutiérrez, porque no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, pese a que la nueva detención corresponde al ámbito federal.

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