Líder activista y su esposa, asesinados en México

Un líder activista defensor del medio ambiente y su esposa han sido asesinados en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Su asesinato vino precedido de una serie de amenazas de muerte, y se teme por la seguridad de otros miembros de la familia y otros dirigentes de la organización de activistas.

El 22 de octubre se encontró el cadáver del activista Ismael Solorio Urrutia con un disparo en la cabeza, y el de su esposa, Manuela Solís Contreras, con un disparo en el pecho. Cuando los mataron, ambos se dirigían a una cita médica en la ciudad de Chihuahua. Los dos eran miembros de El Barzón, un movimiento de pequeños campesinos de Chihuahua. El estado de Chihuahua sufre escasez de agua, e Ismael Solorio Urrutia había estado haciendo campaña para mejorar el acceso a ella.

Amnistía Internacional ha recibido información que indica que se habían producido amenazas reiteradas. En septiembre, Ismael Solorio Urrutia y otros miembros de El Barzón recibieron amenazas de muerte de un desconocido. Esas amenazas se denunciaron ante el secretario de Gobierno del estado de Chihuahua. Las amenazas continuaron y, el 13 de octubre, Ismael Solorio Urrutia y su hijo fueron atacados y golpeados por alguien que, al parecer, trabajaba para una empresa minera implicada indirectamente en la disputa sobre el acceso al agua. El 15 de octubre, los miembros de El Barzón solicitaron reunirse con el secretario de Gobierno del estado de Chihuahua con el fin de pedirle que interviniera para prevenir nuevos ataques y para hacer rendir cuentas a los responsables de las amenazas de muerte. Las autoridades denegaron la petición, y no se tomaron medidas.

El Barzón ha estado haciendo campaña contra el establecimiento de una empresa minera en la granja comunal (ejido) de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, estado de Chihuahua. En la actualidad los activistas de El Barzón están participando en protestas (plantones) ante las oficinas de las autoridades estatales en la ciudad de Chihuahua; en ellas piden que el gobernador actúe para garantizar que se hace justicia.