miércoles, 9 de enero de 2013

Levantamiento armado en Ayutla es una defensa legítima: Jorge Salazar Marchán


Chilpancingo, Gro., enero 08 de 2013 (IRZA).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, consideró que el levantamiento armado de los habitantes de Ayutla de los Libres, región Costa Chica, para garantizar su seguridad “es una defensa legítima”.

Opinó que como pueblos originarios y mestizos  han tenido que responder para defenderse, “es la forma de actuar de los pobladores” debido a los constantes hechos de violencia que se han registrado en esa zona.

En entrevista, el legislador local del Partido del Trabajo (PT) lamentó que a diferencia de los municipios de la Montaña y Costa Chica, los de Costa Grande y Tierra Caliente no han tenido la capacidad de organizarse.

Pese a la incesante violencia y delincuencia que se han registrado en municipios y comunidades emblemáticas de esas dos regiones importantes de acuerdo a su potencial productivo.

Justificó que los ciudadanos de Ayutla de los Libres, Teconanapa, Cuatepec y Florencio Villareal tomaran las armadas para constituirse como un grupo policiaco civil para garantizar su propia seguridad.

Afirmó que los habitantes actuaron conforme a derecho ya que el estado no fue capaz de garantizar la seguridad.

Cabe señalar que desde el fin de semana pasado, decenas de habitantes armados de los cuatro municipios de la región Costa Chica se armaron para vigilar los accesos a sus ciudades e instalaron retenes en las carreteras.

Lo anterior para inhibir a los grupos de la delincuencia organizada que operan esa región y que han realizado un cúmulo de “levantones”, extorsiones, secuestros, el cobro de piso, violaciones sexuales y amenaza a los pobladores de las comunidades.

El legislador local indicó que lejos de haber reclamos por el actuar de los habitantes, debe de haber responsables por los hechos de inseguridad que se han registrado en diferentes puntos del estado, donde los pobladores han tenido que responder.

No obstante, Salazar Marchan lamentó que la ley de armas y explosivos restrinja a los pobladores el uso de  armamentos y calibres más grandes para defenderse de posibles ataques por parte de grupos delictivos con mayor capacidad en armas y equipo. 

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