Chilpancingo, Gro., abril 16 de 2013
(IRZA).- La fracción
parlamentaria del PRD presentó al pleno del Congreso local la misma iniciativa
de reforma a la Ley Estatal de Educación propuesta por el movimiento
magisterial, y se turnó a las comisiones de Educación, Cuenta Pública y
Desarrollo Económico para que en la sesión del próximo jueves presenten el
dictamen y se someta a votación.
El proyecto
garantiza la permanencia laboral del magisterio, la entrega de plazas de base a
los egresados de las normales públicas de la entidad y la asignación de cargos
administrativos mediante el sistema de escalafón vigente, en este último punto
se expone que en el caso de los pueblos indígenas se la asignación será por
usos y costumbres.
Pese a que se
modificaron algunos elementos de redacción, la esencia de la reforma es la
misma en apego a los planteamientos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación en Guerrero (CETEG) y que rechazó el pleno del Poder
Legislativo por mayoría de votos el pasado lunes dos de abril.
Hasta este
martes solo la fracción del PRD había confirmado su voto a favor de la
propuesta, mientras que las demás fracciones y representaciones políticas se
mantenían indecisas por lo que se generó un fuerte cabildeo entre perredistas y
priistas principalmente.
A nombre de
la fracción perredista el diputado Jesús Marcial Rodríguez leyó en tribuna la
iniciativa de decreto incluida en el punto tres del orden del día de la sesión
legislativa de este martes.
Se reforma el
artículo 29 y obliga al gobierno estatal a brindar “todo su apoyo a las
autoridades educativas federales” para que realicen la evaluación del sistema
educativo nacional, “Sector Guerrero, sin perjuicio de la que realicen las
autoridades educativas del Estado”.
Aclara que la
evaluación tendrá el propósito de “mejorar la educación de los niños y
jóvenes guerrerenses, a partir de las escuelas, tomando en cuenta la diversidad
sociocultural, demográfica y socioeconómica de la entidad”.
Y establece que los resultados serán tomados como “base”
por las autoridades educativas “garantizando el respeto a los derechos
laborales y sindicales de los trabajadores de la educación, sin poner en riesgo
su permanencia en el empleo”.
Al artículo 17 se le adiciona un segundo párrafo el cual
sostiene: “Es responsabilidad del gobierno del Estado otorgar plazas de base a
los egresados de las escuelas normales públicas del Estado con base a criterios
académicos confiables y transparentes”.
Se agrega un tercer párrafo al artículo 22 en el cual
garantiza que las “promociones a los cargos de dirección y supervisión se
otorgarán en cumplimiento al escalafón vigente, con transparencia y a lo establecido en la Ley de Trabajo
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, tomando en cuenta
los resultados del sistema nacional de evaluación”.
Añade: “En
el caso de los derechos de los pueblos originarios éstas se resolverán conforme
a lo dispuesto en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del
Estado”.
Para el caso
del financiamiento anual del sector educativo se adicionó un quinto párrafo al
artículo 27 de la Ley Estatal de Educación el cual expone que el gobierno del
estado destinará “un monto anual que no podrá ser inferior al aprobado en el
ejercicio (fiscal) inmediato anterior, actualizado con base a la cifra
oficial de inflación que publique el Banco de México. Con dicho presupuesto se
abatirá gradualmente el rezago educativo en materia de infraestructura, en el
medio rural y urbano, prioritariamente en los pueblos originarios”.
La propuesta perredista incluyó el artículo 65 Bis el
cual se refiere a la gratuidad de la educación: “Es obligación y
responsabilidad de las autoridades educativas del gobierno federal y del estado, el sostenimiento de las escuelas, por mandato
constitucional, y no de los padres de familia; sin menoscabo de la gestión que
hagan a otras instancias”.
Aclara que los padres de familia participarán dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje únicamente con fines de apoyo pedagógico.
“Quedan prohibidas las cuotas escolares, de inscripción y
de cualquier tipo que tengan que ver con las necesidades de las escuelas
públicas, en cumplimiento al principio de gratuidad previsto en el Artículo 3º
Constitucional”, se expone.
El artículo dos transitorio indica: “Dentro de los ciento ochenta días
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá presentarse la
iniciativa correspondiente para la creación del Instituto Autónomo de Evaluación
Educativa de Guerrero, el cual será el órgano que regule y transparente el
proceso de evaluación educativa en coordinación con la federación”.
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