Chilpancingo, Gro., octubre 4 de
2013 (IRZA).- La
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya cuenta con
un “avance significativo” de la investigación que le corresponde respecto a la
inundación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, principalmente en
Acapulco.
El titular de la dependencia,
Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo a Noticias MVS, en la ciudad de México, que
autoridades municipales del pasado y del presente tendrán que rendir cuentas
por autorizar indebidamente la construcción de desarrollos urbanos en zonas de
alto riesgo.
Señaló que “los resultados (de la
investigación de la Sedetu), deberán estar listos a más tardar el 20 de
octubre”, y que con la información que ya tienen han logrado establecer la
forma en que tierras ejidales pasaron a manos de particulares que, luego,
fueron obteniendo permisos de construcción.
Jorge Carlos Ramírez sostuvo que
cuentan “con evidencias hoy de los primeros asentamientos desde 1994, por una
intensificación enorme. De 1994 a 2001 había unas mil casas en esa zona y de
2001 a la fecha se establecen más de 19 mil. Fuera de toda proporción”.
El funcionario federal indicó que
“lo peor es que no se puede decir que las viviendas son irregulares, porque no
se le puede llamar así a una casa que construye el Infonavit o el Fovissste, y
hay en esa zona afectada más de 20 mil viviendas que tienen la condición de
haber sido financiadas por el gobierno. Ahí tiene que haber, sin lugar a dudas,
una responsabilidad compartida”, acusó.
Agregó que en 2001 existió un
plan de desarrollo urbano de Acapulco, cuyo plano es una modificación de un
original de 1998, producto de la catástrofe del huracán Paulina, y que dicho
plan considera una serie de reservas que “evidentemente” no se cumplieron”.
Reveló que “hay una serie de
contradicciones en las autorizaciones que se otorgaron posteriormente sin
respetar lo que establecía el plan de desarrollo de Acapulco, porque “desde
2003 el atlas de riesgo de la Sedesol, que en aquel entonces era la responsable
de la integración de estos atlas que no tienen vinculación, pero tienen la
función de hacer este señalamiento, ya decía que era una zona de riesgo por
inundación, y si bien no señalaba un grado, fue lo que abrió la posibilidad de
otorgar un permiso, pero con la salvedad de que se construyeran obras que
pudieran amortiguar o aminorar el riesgo que existía”.
Refirió que a eso se suma que la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) ordenó
dentro de la zona más de 20 expropiaciones, y hoy se investiga para determinar
si esa tierra que se expropió se convirtió en lotes individuales o si sirvió
para constituir reservas que después sirvieran a empresas desarrolladoras.
Dijo que en todo el estado de
Guerrero 51 mil viviendas resultaron afectadas, 32 mil de ellas inundadas, mil
200 destruidas por completo en Acapulco, y se van a tener que reconstruir más
de cinco mil.
En total, Añadió, en Guerrero hay
mil 358 localidades establecidas a menos de 250 metros de ríos que son
permanentes, lo que afecta a 164 mil personas y pone en riesgo casi a 50 mil
casas, precisó, y a esas mil 358 localidades que son permanentes se suman mil
597 que inclusive están en lechos y arroyos que en temporada de lluvias ponen
en riesgo a 186 mil personas.
Ramírez Marín precisó que en
total hay unas 400 mil personas en riesgo, sólo en Guerrero, y sólo son las que
están por los ríos, faltan las que están en cerros y laderas de cerros”,
alertó, y apuntó que la reconstrucción de viviendas se hará con recursos del
Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Secretaría de Gobernación,
Fondo Nacional de Población (Fonapo) y de programas de Sedatu, como Hábitat.
Y respecto al caso de La Pintada,
en Atoyac de Álvarez, dijo que la comunidad se reubicará en un lugar cercano y
seguro, y que ya han determinado tres probables zonas.
Explicó que en la investigación a
la Sedatu le corresponden las cuestiones del suelo. “¿Qué tipo de propiedad
era? ¿Quién autorizó que esa propiedad se transformara? ¿Qué licencias se
otorgaron? ¿Qué permisos se dieron? ¿Qué requisitos sí se cumplieron y cuáles
no?”.
Informó que investigan quiénes
propiciaron o dieron lugar a estas causas y, finalmente, la participación de
particulares y autoridades de todos los niveles de gobierno que pudieran estar
involucradas y dieran lugar a tal situación.
Estableció que serán las
autoridades municipales, del estado y federal, a través de la Procuraduría
General de la República (PGR), las responsables de interponer las denuncias
correspondientes en caso de que se comprueben ilícitos.
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