Chilpancingo,
Gro., marzo 17 de 2014 (IRZA).- El diputado local Evencio
Romero Sotelo exigió a Arturo Latabán López renunciar a la titularidad de la Auditoría
General del Estado (AGE), debido a los presuntos actos de corrupción y múltiples irregularidades que ha cometido
durante su gestión.
La petición también fue para los tres auditores
especiales: Elías Cuauhtémoc Tavárez Juárez, Irma Ferrusca Muñiz y Víctor
Manuel Lozano Garín, por la pugna interna y de intereses particulares que
mantienen con Latabán López.
En entrevista el legislador del Partido Movimiento
Ciudadano (MC) solicitó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Vigilancia y Evaluación de la AGE del Congreso local analizar la permanencia o
sustitución definitiva de los cuatro auditores.
Sin embargo insistió que es necesario que se separen de
sus responsabilidades para iniciar un proceso de investigación sobre las
irregularidades que ellos mismos han ventilado en medios de comunicación con
serias repercusiones para la institución que representan.
Expuso que la confrontación entre Latabán y los auditores
especiales la AGE ha perdido credibilidad y obliga a todos los diputados
locales a resolver ese problema cuanto antes, incluida la Comisión de Gobierno.
“No puede seguir la Auditoria en manos de
estas personas en virtud de las confrontaciones estériles que están ahí. Esto
provoca que las cuentas públicas no sean bien revisadas, provoca que haya
presuntos actos de corrupción, provoca que haya filtración”, dijo.
Comentó
que así como la pasada legislatura local designó a Arturo Latabán al frente del
órgano de fiscalización, esta legislatura es responsable de investigar su
proceder y determinar su destitución, igual que el resto de los auditores.
“Sería
más digno que renunciara al cargo para evitar un procedimiento administrativo”,
sugirió a Latabán. Añadió que es necesaria una “limpia” en todo el organismo
porque “la AGE ya no aguanta otro conflicto interno”, incluso hasta
confrontaciones físicas.
Reveló
que la AGE generó multas por 12 millones de pesos que aplicó a diez
ayuntamientos por presentar sus cuentas públicas fuera del plazo, cuyos
recursos nadie sabe dónde están, entre otras irregularidades que prefirió
reservarse para efectos legales de investigación.
“Hay
mafias ahí dentro. Mafias políticas al interior de la AGE que es necesario que se
transparente la información”, afirmó. Advirtió que si las comisiones
legislativas no hacen nada al respecto, él mismo subirá el tema a tribuna en la
sesión legislativa de este martes.
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