Privilegia el gobierno a 2 empresas de seguridad y limpieza, denuncian

Chilpancingo, Gro., marzo 02 del 2015 (IRZA).- Integrantes del Sindicato Único de Patrones del Estado de Guerrero (SUPEG), que ofrecen servicios de seguridad  privada y limpieza, denunciaron que el gobierno estatal sólo autoriza contratos a las empresa Jobamex y Limpiamex.

Ambas empresas forman parte del Grupo Jobamex, propiedad del expresidente de la Coparmex Acapulco, Joaquín Badillo.

Consideraron que esas empresas tienen un trato preferencial con el gobierno estatal, aún cuando aquí en la capital existen al menos tres empresas más.

Operan las empresas Maxi Guerrero Seguridad, propiedad de  Enrique Santos, Gonzalo Contreras de X –1 Seguridad y  Óscar Morales  de MI Seguridad, que han buscado el mecanismo de brindar el servicio limpieza y seguridad en las diversas instituciones del gobierno estatal.

Carlos Antonio Cruz Islas, presidente del Sindicato Único de Patrones del Estado de Guerrero externó que las condiciones de competitividad con Jobamex y Limpomex “no son equitativas”, porque el gobernador interino  Salvador Rogelio Ortega Martínez los está privilegiando  con contratos. 

Denunciaron que “no existen licitaciones” con las citadas empresas, lo que indica que “son asignaciones directas” y agregó que además los montos de pagos “son para que se liciten”, dijo.

Ante la oportunidad de contrato laboral con sus empresas locales, los empresarios demandaron una audiencia con el gobernador Rogelio Ortega Martínez porque consideraron que a ellos  como empresarios que  brindan seguridad  privada en la capital y del servicio de limpieza no les brindan esa oportunidad.

Consideraron injusto que los empresarios locales sean desdeñados pese a que tienen ganas de crecer empresarialmente, sin embargo reprocharon que no existen las  oportunidades  ni condiciones laborales para trabajar con el gobierno estatal.

Culparon al gobierno estatal de contribuir en el despido de al menos 130 empleados de la empresa de Seguridad Jobamex y Limpomex hace al menos 8 días, porque no les brindan garantías de seguridad social,  no prestaciones económicas  ni capacitación.

Cuestionaron que lo  más burdo es que después de que 130 trabajadores  que exigían sus derechos laborales, fueron  despedidos con la advertencia de que le hicieran como quieran, luego de que el gobierno estatal solapa esas irregularidades.