Por Jorge Romero Rendón
Las debilidades de un gabinete estatal inexperto, improvisado, nombrado a punta de pactos y cuotas políticas, en el que al menos la mitad de los secretarios –todos del PRD- han demostrado plenamente su incapacidad en sus puestos, se puso de manifiesto el lunes, con el fracaso de un operativo de desalojo contra manifestantes de Ayotzinapa, que dejó el saldo lamentable de dos estudiantes muertos.
Llámese como se le llame, haya sido error o confusión, torpeza o “complot”, el asesinato de los normalistas creó un escándalo nacional y le creó una crisis política de imprevisibles consecuencias al gobierno de Ángel Aguirre, que podría ser aprovechado para desestabilizar en serio al régimen estatal.
La necesaria destitución de los dos principales responsables del desastroso operativo, Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja, exprocurador uno y exsecretario de Seguridad Pública el otro –conjurando así el fantasma de Aguas Blancas-, no es más que el principio del costo político que tendrá que pagar el gobierno aguirrista por el desaguisado… y por la incapacidad de sus asesores para aplicar una eficaz estrategia de control de daños.
Porque la crisis política que prendió todos los focos rojos del gobierno de Aguirre el lunes al mediodía, fue producto de una cadena de errores garrafales que no debieron haber ocurrido, pero aquí están:
1.- El operativo de desalojo –luego de dos semanas de tolerarles y consentirles toda clase de desmanes sin castigo- de los manifestantes ayotzinapos –más sus aliados y cahirules- se llevó a cabo en desorden y en forma descoordinada, careció de mando, de estrategia y se olvidaron tácticas elementales.
Es decir, el titular de la SSP Ramón Almonte no estuvo en el lugar de los hechos, el coordinador del operativo se lanzó en primera línea de ataque, recibiendo una pedrada, y en ningún momento se utilizó a la fuerza de policías antimotines que se supone debería ir en vanguardia como grupo desarmado de choque.
2.- Los policías estatales, los ministeriales y los federales iban todos armados, y como se demostró, usaron sus armas al confundirse unos con otros. De tal manera que los normalistas muertos fueron presumiblemente abatidos en medio del fuego cruzado entre policías estatales y federales que se encontraban en diferentes puntos del lugar, protagonizando una balacera de media hora sin que unos ni otros supieran que pertenecían al mismo bando. Con grave riesgo de civiles –vecinos y turistas- que se encontraban varados en el lugar de los hechos.
3.- La indefendible versión de los hechos que dio el exprocurador López Rosas en su conferencia de prensa se contradijo con las imágenes de los noticieros de Tv y de las que circulan por internet, evidenciando su mero intento de sacarle el bulto al problema, descuidando a su jefe. Y sin que se supiera porqué sus agentes ministeriales asistieron al desalojo armado y porqué dispararon también.
4.- El silencio inexplicable del gobernador Aguirre y de su secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, que no dieron la cara durante más de 24 horas ni a los medios de comunicación ni a la sociedad para fijar la postura del gobierno estatal ante los hechos. Faltó el necesario mensaje de pésame a las familias de los muertos y faltó el anuncio firme de una investigación seria con castigo ejemplar a los culpables, que es lo mínimo que se ofrece en esos casos.
5.- Poner la cabeza del procurador y del titular de la SSP ante un medio nacional –en el noticiero de radio de Joaquín López Dóriga-, sin que hubiera existido un mensaje directo del gobernador a la sociedad de Guerrero, en el que además diera garantías de algo fundamental: seguridad y tranquilidad para la población, información sobre lo que hará con el caso Ayotzinapa, y un deslinde necesario de su gobierno del asesinato de los jóvenes normalistas.
6.- La incapacidad y falta de credibilidad que desprende el vocero Arturo Martínez, a quien llaman el “maquillista” en el medio periodístico, precisamente porque los datos que ofrece carecen de transparencia.
Luego, en el como del desorden, el también destituido exsubsecretario de la SSP, Miguel Arreola expresó que había “limpiado” el paso por la autopista, en una muy desacertada declaración, cuando no debía haberlo hecho, pues responsabilizó a su jefe del operativo indirectamente. Cuando es obvio que un gobernador no ordena matar a manifestantes de ninguna manera.
Al final, con la intervención de personal de la Secretaría de Gobernación federal, el caso de los asesinados ha sido tomado por la PGR y se decidió la destitución de los exfuncionarios responsables, pero faltan dos cosas:
Que el gobierno aguirrista dé garantías a la ciudadanía de que se hará justicia; y que tanto López Rosas como Almonte, Arreola y los demás implicados sean llevados a proceso judicial de ser necesario, sin encubrimientos y sin simulaciones.
Porque los coletazos de la crisis política desatada el lunes todavía van a dar mucho de qué hablar y habrá mucho qué pagar.
