Chilpancingo, diciembre 05
de 2012 (IRZA).- El ex procurador de Justicia, Alberto López
Rosas, reveló que ha recibido una serie de amenazas al grado de que ha tenido
que salir del estado por varios meses derivado de los señalamientos que ha
hecho contra la Policía Federal por el caso Ayotzinapa.
López
Rosas compareció públicamente este miércoles ante los diputados integrantes de
la Comisión Instructora del Congreso local que encabeza el priista, Omar Jalil
Flores Majul donde presentó una serie de pruebas a su favor.
En
entrevista dijo que las amenazas que ha recibido han sido vía telefónica, “es
un asunto delicado es un asunto grave, es un asunto que tienen sus riesgos” y
agregó que a alguien le ha incomodado sus denuncias, pero no especificó.
-“¿Estas
amenazas vienen de la federación?”- se le preguntó.
-“No
sabría decirles hay alguna evidencia de que no gusta mi postura, y por lo mismo, tengo que tomar algunas precauciones”,
sostuvo.
No
obstante, rechazó que vaya a solicitar al gobierno estatal que se le refuerce
su seguridad personal, “voy a tomar precauciones pero voy a continuar haciendo
mi vida restableciéndola poco a poco, después que ha concluido el gobierno
federal que tanto tuvo mucha injerencia en este asunto”, sostuvo
En
su exposición, el ex fiscal guerrerense reiteró su acusación contra los
elementos de la Policía Federal como responsables de haber disparado contra los
normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre del año pasado.
Deslindó
a la Policía Investigadora Ministerial de los disparos y aseguró que no
participaron en el operativo que montó la Policía Federal para dispersar a los
manifestantes de la autopista del Sol.
Sostuvo
que los elementos ministeriales acudieron en apoyo porque ya se había iniciado
una serie de delitos que debían ser investigados pero que ninguno de los
agentes accionó sus armas como se demostró en las pruebas de radizonato de
sodio.
Con
un video que mostró a los legisladores, aseguró que los normalistas Jorge
Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron asesinados entre las
12:29 y 12:30 horas y en ese entonces no arribaban los ministeriales.
En
una secuencia de imágenes con hora y fecha, mostró que justo en el momento que
cayeron los estudiantes, se observa que ningún policía estatal y ministerial se
encontraba en el lugar.
Presentó
una serie de hipótesis para demostrar que él no dio la orden de disparar contra
los manifestantes y que el señalamiento de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos (CNDH) en su contra carece de fundamentos.
Dijo
que al momento de la dispersión por los disparos de los federales, los
orificios en el muro de contención ya estaban, que el cristal roto el camión
cercano a los hechos fue por una piedra y que el cadáver de Gabriel Echeverría
de Jesús fue movido por sus compañeros en un intento por salvarle la vida.
López
Rosas pidió el sobreseimiento del caso por considerar que la investigación
sobre lo ocurrido el 12 de diciembre del año pasado aún no termina, “no están
todos los elementos probatorios para considerar que es una investigación
acabada, y por lo mismo ese es el principal impedimento para que se pueda
profundizar o entrar al fondo del asunto”, señaló.
López
Rosas puntualizo que todo este asunto del juicio político solo ha sido un
factor de distracción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por
lo que pidió se retome una nueva investigación del caso apegada a derechos y
sobre todo “que sea convincente en sus resultados”, resaltó.
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