Chilpancingo, Gro., 06 de Diciembre
de 2012.- Diputados de las Comisiones de Justicia y
Derechos Humanos coincidieron con el ombudsman guerrerense de que es necesario incorporar
el delito de tortura en el Código Penal del Estado de Guerrero.
En reunión con los
diputados Jorge Camacho Peñaloza, Tomás Hernández Palma, Nicanor Adame Serrano,
Karen Castrejón Trujillo y Omar Jalil Flores Majul, el presidente de la
Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, expuso
una propuesta para adicionar un párrafo al Código Penal e incluir la tortura con una pena de 15 a 25
años de prisión y multa de 500 a 3 mil días de salario.
En su propuesta el
ombudsman planteó a los diputados que la tortura sea un delito que se califique
como grave y que sea imprescriptible.
En su intervención el
diputado Jorge Camacho Peñaloza precisó que en la propuesta sólo se liga a la
tortura con las autoridades del servicio público pero que se tiene que ir más
allá y que es un trabajo que analizarán cuidadosamente las Comisiones.
Asimismo, informó que en
las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos ya se tienen tres propuestas
sobre este tema, la del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de la Coddehum
y la de la diputada Luisa Ayala Mondragón, ésta última ya se analiza y contiene
algunos aspectos presentados en las otras dos y que se está trabajando en ella.
Manifestó que es de
interés de la Legislatura brindar certeza a los ciudadanos que votaron por ellos
y que este es un tema que brindaría protección a las personas que han sido
víctimas de la tortura.
Por su parte, el diputado
Omar Jalil Flores Majul dijo que la propuesta es aplaudible y que en el marco
del Bicentenario es necesario nutrir y aportar estos principios de derecho
natural que ya se contemplan en otros países y que no sólo deben estar plasmados
en el Código penal sino también en la Constitución del Estado.
El diputado Tomás
Hernández Palma aseguró que existe disposición por parte de los legisladores
para sacar adelante esta reforma, ya que los datos estadísticos revelan que
tiene sustento porque está documentado y dan materia para conocer que en
Guerrero tristemente se registra esta conducta violatoria de los derechos humanos,
por lo que resulta saludable tipificarlo como delito en el Código Penal.
Por ello, pidió la disposición
al ombudsman para coadyuvar con las Comisiones para allegarse de una mayor información
sobre el tema.
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