Chilpancingo, Gro., mayo 30 de 2013
(IRZA).- El ex secretario de
Seguridad Pública del gobierno estatal, Ramón Almonte Borja, confió que la
Comisión Instructora del Congreso desechará la demanda de juicio político que
solicitó en su contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el
caso Ayotzinapa.
Consideró que el descargo
de pruebas que presentó a la comisión legislativa durante su comparecencia en
Acapulco será de utilidad confirmar que él no tuvo ninguna participación en el
desalojo del 12 de diciembre del 2011.
“Seguramente voy a obtener la reposición del procedimiento
para que se deseche de plano la demanda de juicio político o bien para que se
decrete el sobreseimiento”, afirmó este jueves en entrevista.
Almonte Borja afirmó que en las once páginas que
conforman la denuncia de juico político que ordenó en su contra la CNDH “no se
me acusa de nada, ni por omisión ni por acción. Esta mal la acusación, está mal”.
Acusó además que el presidente del órgano federal, Raúl
Plascencia Villanueva, se extralimitó en sus funciones al solicitarle al
Congreso local le iniciara un juicio político sin mayores elementos.
“La comisión Nacional de Derechos Humanos trata de desviar
el asunto para inculpar a unos y proteger a otros”, pero confió que la Comisión
Instructora resuelva a su favor en el dictamen final que presente al pleno.
“Espero que sí, la verdad es que una comisión plural, es una
comisión integrada por diputados muy jóvenes, preparados, la mayoría de ellos son
abogados”, dijo el ex funcionario estatal este jueves.
Luego explicó que por tratarse de un juicio
político se le sigue el proceso, pero si se tratase de un juicio
“estrictamente” jurídico no siquiera hubieran radicado la demanda en atención a
que solo pueden promover denuncia de juicio político los ciudadanos, ya que las
instituciones en este caso la CNDH no pueden hacerlo.
El ex funcionario estatal enfatizo que no
tiene la intención de regresar a su puesto como secretario, pues recordó que su
ciclo en el gobierno estatal terminó con su renuncia al cargo luego de los
hechos suscitados a finales del 2011.
Borja indicó que el hecho de tener en contra
un juicio político no lo limita para aspirar a un cargo de elección popular o
en el servicio público “en atención a que no estoy inhabilitado, no he sido
condenado, y tengo mis derechos políticos a salvo”.
Insistió: “Nunca estuve involucrado, yo estoy
completamente seguro que la sociedad guerrerense, los medios de comunicación,
los diputados integrantes de la 60 legislatura al Congreso del Estado y toda la
gente sabe que no tengo ninguna responsabilidad de ninguna naturaleza”,
sostuvo.
Cuestionado sobre la reincorporación del ex
procurador de Justicia, Alberto López Rosas, al gabinete estatal dijo que no
tiene impedimento para ejercer un cargo porque al igual que él, tiene sus
derechos políticos a salvo.
Mencionó que ahora les toca a las instancias
de procuración de justicia investigar los hechos y hacer las consignaciones
correspondientes ante los tribunales judiciales quienes a su vez determinará si
a la “gente” que se le procesa es responsable o no.
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