Chilpancingo,
Gro., agosto 14 de 2013 (IRZA).- La Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas aplazó para el 15 de octubre la conclusión del Sistema Integral de Transporte
para la Zona Metropolitana de Acapulco (Acabús), pese a que estaba
programada para el 28 de junio y la cual tendrá un costo total de mil 796
millones de pesos.
Pese al retraso de más de seis meses para la conclusión de la obra, Jorge
Enrique Díaz Jiménez, titular de la dependencia estatal, no precisó el monto de
inversión privada para su operación.
También rechazó las presuntas “afectaciones” graves que causó al comercio
y a la vida social de Acapulco el proceso de construcción y afirmó que la
vialidad en las tres avenidas estuvo libre a la vialidad.
Díaz Jiménez reanudó este miércoles su comparecencia ante la Comisión de
Obras Públicas del Congreso local que preside el diputado perredista, Ricardo
Ángel Barrientos Ríos, la cual fue suspendida el 27 de febrero debido a una
protesta de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Entregó a la comisión un desglose del fallo por que se autorizó la obra,
evaluación de propuesta, proceso de licitación, montos de inversión, ejecución
de obra, especificaciones técnicas, entre otros documentos.
Explicó que el retraso de la obra se debe a una ampliación del proyecto
inicial y que consiste en la remodelación y rehabilitación de tres avenidas por
cuales correrán las unidades confinadas del Acabús, las cuales se
reconstruyeron de lado a lado del tramo del tramo comprendido del Parque
Papagayo a Caleta.
Pero también de mejoramiento de imagen urbana, señalización y alumbrado
público en base a recursos adicionales que gestionó el gobernador Ángel Aguirre
Rivero ante el gobierno federal.
Comentó que el avance general de la obra es del 85 por ciento y que hasta
esta fecha, además de la remodelación de las tres avenidas, restan por concluir
las 18 estaciones que comprenden la ruta, así como la de transferencia.
Agregó que el proyecto inicial tampoco contemplaba la sustitución de
tuberías del sistema de distribución de agua potable, desagües y drenajes, pero
el gobernador dio la orden de sustitución.
Expuso que en el transcurso de la obra también detectaron tomas
domiciliaras clandestinas de agua potable, mismas que fueron verificadas por la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) y
procedió a cancelarlas, lo que les hizo perder tiempo.
Lo mismo que las protestas que organizaron por más de dos semanas
ciudadanos inconformes con la obra y quienes exigían el pago de indemnización
por daños, para lo cual disponían de un presupuesto de 82.25 millones de pesos.
Díaz Jiménez rechazó que la obra haya generado “graves afectaciones” pues
haber incurrido en eso hubiera sido una “irresponsabilidad”, pues siempre se
cuidó que la circulación vehicular fuera fluida.
Pese a que los funcionarios estatales afirmaron que se
concesionará la operación del Acabús a una empresa privada, se negó a ventilar
en público el monto de recaudo anual por el servicio, pero sí pidieron el apoyo
para aprobar la ley de recaudo pues de lo contrario el sistema no se puede
poner en operación.
Explicaron que hasta el momento se sigue constituyendo la
empresa y en la cual participarán los concesionarios y transportistas que
fueron remplazados de esa ruta por el Acabús
Joel Guinto, responsable técnico de la obra, informó que
en breve se comprarán las unidades confinadas con un monto de 319 millones de
pesos, las cuales transportarán a unos 151 mil usuarios diariamente en siete
bloques.
El costo de ruta por bloque será de siete pesos por
persona, y 3 pesos con 50 centavos en el caso de las rutas alimentadoras y los
usuarios podrán hacer transbordes sin ningun costo adicional como ocurre en el
Sistema Colectivo Metro de la ciudad de México.
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