Respalda Bernardo Ortega a la alcaldesa de Colorada; le pide recobrar seguridad

Chilpancingo, Gro., agosto 14 del 2013 (IRZA).- El diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, respaldó a la alcaldesa del municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Elizabeth Gutiérrez Paz, a quien convocó a recuperar su responsabilidad en el mando de la seguridad pública.

Esto, porque los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “son insuficientes” porque “no tiene legitimidad alguna para poder estar al frente de la seguridad pública en Tierra Colorada”.

Al asistir como invitado especial al programa semanal del “Miércoles con la Prensa”, que está a cargo de la Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en la que por cierto careció de difusión, Ortega Jiménez externó que pase lo pase “bueno o malo” será responsabilidad de la alcaldesa panista Gutiérrez Paz.

Consideró que la alcaldesa de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz, “bien o mal” fue elegida por el pueblo, a quien el marco regulatorio le facultan todas las garantías para poner orden en ese lugar con la Seguridad Pública.

Sostuvo que en el municipio de Juan R. Escudero debe prevalecer el estado de derecho y reiteró que quien debe estar al frente y al mando de su municipio debe ser la presidente municipal.

Externó que Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, “no deja de ser una policía irregular”, lo que implica que siempre tenga problemas con las corporaciones policiacas establecidas como (policías municipal, estatal, federal y el Ejército Mexicano).

Sostuvo que Plácido Valerio por más que tenga una buena fe o intención con su grupo de autodefensas “no dejan de ser una policía irregular”.

Exhortó a Bruno Plácido a que busque un dialogo con las autoridades competentes “serio y responsable”, para efecto de establecer la regulación de su policía, lo que consideró como necesario porque “no pueden estar fuera del marco legal”.

Sostuvo que aunque los grupos de autodefensa traigan armas de calibre menor “no deja de ser un delito” y consideró que debe existir comunicación con las autoridades estatales y federales para que esta policía entren al marco regulatorio.