Chilpancingo, Gro., agosto 12 de 2013 (IRZA).- Las familias desplazadas de
varias comunidades de la Sierra de Guerrero regresaron a sus hogares porque no
hay condiciones de alimentación, espacio y sanidad en las instalaciones de los
Bienes Comunales de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, donde
estuvieron refugiados.
Desmintieron que los tres niveles de gobierno hayan garantizado la
seguridad y resguardo de las familias, como lo anunció la semana pasada el
vocero del gobierno estatal, José Villanueva Manzanares.
Crescencio Vega Guevara, presidente del Comisariado Ejidal, confirmó que
las 400 personas se cansaron de las “condiciones deplorables” de las
instalaciones de los Bienes Comunales de Santiago, en Tlacotepec.
Describió que el inmueble donde se refugiaron las familias desde la
semana tras la irrupción de grupos armados en sus comunidades, no cuenta con el
espacio suficiente para resguardarlos.
Tenían que compartir dos sanitarios en malas condiciones y tampoco
podrían descansar por el cúmulo de goteras producto del mal estado del techado
de las instalaciones, pero además, por la falta de apoyo de las autoridades del
gobierno estatal y municipal.
En una reunión entre líderes de las familias desplazadas acordaron
regresar a sus comunidades por las “malas condiciones” del albergue y no porque
el gobierno estatal y federal hayan reaccionado para brindarles protección y
seguridad.
En conferencia de prensa Vega Guevara desmintió al vocero estatal, José
Villanueva Manzanares, quien afirmó que las familias regresaron a sus pueblos
porque se les garantizó la seguridad con la presencia de fuerzas federales.
Precisó que si las instalaciones de los Bienes Comunales estuvieran en
buenas condiciones tampoco hubieran permitido que las familias regresaran a sus
viviendas debido a que sus vidas “corren peligro constante”.
Añadió que hasta este lunes continuaban diez familias refugiadas en ese
lugar y quienes se han resistido a regresar a sus comunidades debido a la
lejanía con la cabecera municipal y las cuales son propicias a la incursión de
grupos armados, aunque no las precisó por seguridad.
Incluso reveló que ante esos hechos violentos, las familias están rematando
sus terrenos y ganado, “están pidiendo 4 pesos por kilo; de una vaca de 200
kilos estarían ganando 800 pesos, eso es injusto, hay que respetar el trabajo
de cada quien”.
Pidió al gobierno estatal liberar 2 millones de pesos para rehabilitar
sus instalaciones pese a que desde hace dos años están solicitando una
audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para exponerle ese y otros
problemas.
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