Chilpancingo,
Gro., septiembre 10 de 2013 (IRZA).- Tras exigir al Congreso
local que convoque a una consulta ciudadana para que se analice la ley que crea
la Policía Rural, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio, dijo que debido a su
repliegue, la delincuencia ya regresó a los municipios de la Costa Chica.
Entrevistado en el salón "Sentimientos de la Nación"
del Congreso del Estado Plácido Valerio dijo que a la policía del Sistema de
Seguridad Ciudadana se le ha obligado a que restrinja sus labores de
vigilancia.
Señaló que ahora es el Ejército Mexicano el que ha tomado
las acciones de seguridad en esa zona, pero lo extraño de esto es de que en las
últimas semanas se han registrado una serie de hechos de violencia.
"La delincuencia ya regresó a la Costa Chica pese a
que supuestamente hay más vigilancia militar y de la policía estatal",
dijo Plácido Valerio. Indicó que pese a las intimidaciones que han recibido, la
Policía del Sistema de Seguridad y Justicia realiza labores de seguridad en las
localidades.
Mencionó que estos operativos que ellos realizan
funcionan más que los que llevan a cabo las autoridades y prueba de ello es de
que este lunes por la tarde detuvieron a los agentes ministeriales estatales,
Alfredo Jiménez Obregón y Víctor Cuéllar Ramírez quienes fueron acusados por
comerciantes de la ciudad de Ayutla de cobrarles una cuota por derecho de piso.
“Los agentes judiciales establecieron cobros de 500 y
hasta mil pesos a cada comerciante para que estos pudieran abrir sus
negocios", refirió el líder de la UPOEG. Señaló que ciudadanos del
municipio de Marquelia, también han denunciado esta misma situación de cobro de
derecho de piso.
Indicó que se analiza bajo qué tipo de condiciones van a
entregar a los dos agentes judiciales al gobierno.
Recordó que hace meses de haber entregado a la
Procuraduría de Justicia de Guerrero a 54 personas a los que se les comprobó
que habían cometido una serie de delitos como el secuestro y la extorsión
después fueron liberadas porque presuntamente falta de pruebas.
"Esa experiencia no nos da ninguna garantía de que
los agentes serán enjuiciados ante los tribunales", mencionó.
Sin embargo, dijo que en caso de que la gente de Ayutla
decida entregar a la Procuraduría a los dos agentes judiciales, la gente que
resultó agraviada está dispuesta a acudir ante las instancias para denunciarlos
y presentar pruebas de las acusaciones.
Plácido Valerio y comisarios municipales de comunidades
de los municipios de Tecoanapa y Ayutla de los Libres, tuvieron una reunión con
una comisión de diputados locales a quienes se les planteó la necesidad de que
la ley para crear la Policía Rural sea sometida mediante una consulta
ciudadana.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario