Acapulco, Guerrero a 18 de octubre
2013.- La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, consideró que
la investigación sobre los permisos concedidos a constructoras en zonas
inundables por anteriores administraciones municipales debe ser atraída por la
Procuraduría General de la República, ya que están involucradas al menos tres
dependencias del gobierno federal.
Al darse a conocer hoy en
los medios de comunicación que a petición del gobernador Ángel Aguirre Rivero,
el presidente municipal de Acapulco Luis Walton Aburto presentó una denuncia
formal ante la Procuraduría General de Justicia del estado, el coordinador
estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco indicó que es muestra
de que existe voluntad para que se investigue el caso.
“Esperamos que así como el
alcalde entregó rápidamente la documentación que le pidieron, las indagatorias
sean rápidas y expeditas para que se haga justicia a la gente que sufrió la
pérdida de su patrimonio”, dijo.
La investigación abarca los
periodos de los ex presidentes municipales Zeferino Toreblanca Galindo, Alberto
López Rosas, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Baños.
“Ellos son las cabezas
visibles, pero habrá seguramente funcionarios menores que resulten también
involucrados, no sólo en el municipio, sino en los respectivos gobiernos
estatales, porque de acuerdo con la Ley de Protección Civil del estado, hay un
subsecretario de Protección Civil que también debe expedir constancia de
factibilidad para que los ayuntamientos otorguen licencias de construcción”.
Lo cual involucraría
nuevamente a Zeferino Torreblanca como ex gobernador y a su antecesor René
Juárez Cisneros.
“Pero no son los únicos, hay
por lo menos tres dependencias del gobierno federal involucradas, Comisión
Nacional del Agua, la Semarnat y la Profepa, por lo que consideramos que la
Procuraduría General de la República debe también hacer su propia investigación
y deslindar responsabilidades contra las áreas que resulten involucradas”,
señaló.
Agregó que debe contemplarse
además la posible participación de los ex delegados federales de esas tres
dependencias durante los periodos en que se otorgaron los permisos, así como a
las constructoras involucradas.
“Si hablamos de un deslinde
de responsabilidades, no podemos ser selectivos, la investigación debe ser
amplia y que sirva como parteaguas para que en un futuro se evite a las
autoridades la tentación de caer en los mismos errores”, dijo finalmente.
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