Chilpancingo, Gro., octubre 17 de 2013
(IRZA).- La Comisión
de la Verdad (Comverdad) no “enjuiciará” a los probables responsables de la los
hechos que se enmarcaron en la llamada “Guerra Sucia”, pues no tienen
facultades legales y es una función directa del Estado.
“No hay
resultados tangibles en la visión de quienes esperan, por ejemplo,
enjuiciamiento de personas o esperan hechos espectaculares, lo que van a encontrar
es la verdad, lo ocurrió”, justificó su presidente Enrique González Ruiz.
Comentó que
el trabajo de la Comverdad será aportar los elementos sólidos y jurídicos para
que el Estado cumpla con el procedimiento penal, “nosotros no somos Ministerio
Público ni queremos serlo”.
“Tenemos que buscar
a los perpetradores, tenemos que entregarle al Estado los elementos para que
los juzguen, nosotros no somos ministerios públicos ni somos jueces, pero sí
hacemos investigación”, aseguró.
Particularmente,
aseguró, se conocerá qué ocurrió con los desaparecidos y encarcelados, y si hay
quienes se encuentran con vida se sabrá donde se ubican. El investigador
también aclaró que desde la creación del organismo a la fecha se han operado
con una inversión de 8 millones de pesos, y no 12 millones como se había
informado.
Durante la
presentación del tercer informe parcial de actividades en la sala José
Francisco Ruiz Massieu del Palacio Legislativo, familiares de víctimas de la
“Guerra Sucia” exigieron que citen a comparecer al ex gobernador Rubén Figueroa
Alcocer para que declare en torno a esos hechos y la comisión recabe elementos
para enjuiciarlo pues lo señalaron como uno de los principales responsables.
Aunque no
secundó el señalamiento, González Ruiz dijo que hay varios responsables y “hay
que buscar que respondan ante la justicia” y se asentarán en el informe final,
cuyas pruebas serán entregadas al Ministerio Público para que proceda.
Además se
pronunció porque los delitos emanados de la “Guerra Sucia” se tipifiquen como
de “lesa humanidad”; desaparición forzada y ejecución extrajudicial, pero no
por homicidio porque es delito del fuero común y tiene un plazo de
prescripción.
Dio a conocer
que el informe final, que presentarán en abril del próximo año, se integrará el
Plan Integral de Reparación del Daño a favor de las víctimas, cuyo proyecto
será presentado al Congreso local para su aprobación.
González Ruiz
confirmó que ya solicitaron al Poder Legislativo una ampliación de 6 meses más,
como lo prevé el decreto de su creación, para el trabajo final de
sistematización de la información recabada, principalmente del Archivo General
de la Nación.
A
casi dos años de la creación de la Comisión de la Verdad, González Ruiz informó
que se han analizado y documentado por lo menos 248 casos, de ellos 48
corresponden a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas
durante la época de la llamada guerra sucia.
Precisó
que se han concluido los trabajos de investigación documental en el Archivo
General de la Nación (AGN). Queda pendiente, por si se resuelve favorablemente,
el material de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado de la Procuraduría General de la República (PGR).
El
documento, dijo, se mantiene en reserva en una caja de seguridad del AGN.
Alertó sobre posibles extravíos o reubicaciones o posibles sustracciones como
ya ha ocurrido con otros documentos de los archivos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) que ahí se encuentran.
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