miércoles, 15 de enero de 2014

Rechazan dirigentes de los derechos humanos vínculos con la “guerrilla”

Tecpan de Galeana, Gro., enero 15 de 2014 (IRZA).- El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” refrendó su apoyo al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) ante la presunta criminalización de la lucha social.

Lo anterior fue dado a conocer a través de un comunicado en el cual se manifiesta la criminalización de la lucha social que inició el gobierno federal tras vincular a varios activistas con la guerrilla, de acuerdo a la publicación que hizo un medio de comunicación nacional.

La organización rechazó cualquier “vínculo o relación” con  organizaciones guerrilleras, tanto a nivel estatal y nacional.

Enfatizó que la publicación es una amenaza a la integridad física y psicológica para los luchadores sociales en la entidad como Raymundo Díaz Taboada, médico, defensor de derechos humanos, coordinador CCTI en Guerrero; Bertoldo Martínez Cruz, integrante del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (FODEG); Minervino Morán Hernández, miembro de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

Bernardino García Francisco, sobreviviente de los hechos de El Charco; Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Francisco Monroy Hernández, del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).

Asimismo consideró la agresión para los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), en especial la de Valentín Hernández Chapa, apuntó el comunicado.

El Centro Prodh responde al llamado de esta organización hermana y denuncia una probable estrategia de terrorismo de Estado en contra de líderes de movimientos sociales, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, que esboza un camino similar al de los sesentas y setentas; del mismo modo, el Prodh responsabiliza al Estado mexicano de cualquier daño a la vida o integridad, tanto de sus integrantes, así como de las personas a quienes han acompañado en su caminar.

Para culminar el comunicado, el CCTI hizo un llamado a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentas a estas amenazas por parte del Estado mexicano en contra de cualquier defensor o defensora de derechos humanos, activistas y dirigentes de movimientos sociales que se manifiestan o expresan su protesta social.


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