Chilpancingo, Gro., 15 de julio
de 2014.- Las personas que tengan la necesidad de abandonar sus pueblos o
comunidades por diversas situaciones, deberán recibir el apoyo gubernamental
para salvaguardar su integridad física y de sus familias determinó el Congreso
de Guerrero.
Lo anterior, se establece
en la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento en el Estado, que aprobaron
por unanimidad las y los diputados de la 60 Legislatura. También señala que se atenderán las
necesidades de los grupos vulnerables como niños, ancianos y discapacitados,
para que cuenten con seguridad, trabajo y educación, según sea el caso.
En el dictamen, que emitió
la Comisión
de Derechos Humanos derivado de dos iniciativas
una presentada por el Ejecutivo Estatal y otra por el diputado Jorge
Salazar Marchán, se argumenta que en Guerrero un
número importante de personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de
origen por causas ajenas a su voluntad poniendo en riesgo la vigencia de sus
derechos elementales.
Señala que existen casos
notables de desplazamiento
interno en Guerrero como el de la comunidad de La Laguna, del municipio de
Coyuca de Catalán donde aproximadamente 107 familias abandonaron el poblado por
el acoso de los grupos criminales, emigrando a la comunidad del Puerto de las
Ollas, sólo con lo que llevaban puesto, dejando todo su patrimonio.
Refieren que esta situación es
preocupante, por lo que con este nuevo ordenamiento las autoridades, en el
ámbito de sus respectivas competencias, tendrán la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas
desplazadas.
Por ello, los legisladores
en
pro de la defensa de los derechos fundamentales, consideran necesario que el
estado diversifique sus líneas de acción para prevenir y atender de manera
integral el problema de desplazamiento; para abatir este movimiento originado
principalmente por la delincuencia organizada, que ha llegado al grado de que los habitantes se ven
obligados a emigrar ante el temor de ser presas de ella.
Asimismo, esta nueva Ley tiene como
líneas de acción restituir los derechos de las personas desplazadas; promover
políticas públicas de protección, asistencia, atención y soluciones duraderas y
diseñar un programa asistencial y de atención a este grupo fortaleciendo la
perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas relativas a las
personas en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, el ordenamiento establece
bases para prevenir y garantizar el acceso a la protección y asistencia efectiva durante su desplazamiento y después de su
retorno o reasentamiento, otorgar un marco garante de derechos humanos que
atienda y apoye a las personas en esta situación, así como la implementación de
soluciones duraderas para su superación.
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