Chilpancingo,
julio 15 de 2014 (IRZA).- El Congreso local aprobó este martes la
Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero
que promovió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Salazar
Marchán.
La ley busca garantizar políticas públicas y establecer
protocolos para que el gobierno estatal determine acciones concretos para
atender a las familias que por violencia tienen que salir de sus lugares de
origen.
En entrevista el diputado Jorge Salazar Marchán,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que esta ley surgió
derivado de la violencia generalizada en las regiones Tierra Caliente, Costa
Grande y Norte.
Sin embargo, puntualizó que también hay desplazamientos
de familias por conflictos religiosos, como el ocurrido recientemente el
Cochoapa el Grande donde los católicos no permiten que se profese otra
religión.
Salazar Marchán dijo que esa situación es peligrosa
porque desestabiliza el tejido social. Otro de los factores que impulsaron la
propuesta se debe a la inestabilidad geológica de algunas zonas del estado.
Explicó que además de su propuesta, el gobernador Ángel
Aguirre Rivero presentó una iniciativa similar, y que al final fueron
fusionadas.
Tras la aprobación de la citada ley, se crea un fondo de
contingencia para la atención y asistencia al desplazamiento interno.
“Al ser un problema de reciente surgimiento en nuestro
estado, es necesario reconocer que no existe una legislación incorporada en
nuestro derecho positivo estatal que permita conocer las condiciones objetivas
de los desplazados.
A la fecha no existen registros fidedignos sobre la
cantidad de personas en esta situación, tampoco se cuenta con un padrón oficial
que nos indique realmente estadísticas o cifras oficiales certeras sobre las
personas afectadas en situación de desplazamiento interno”, sostuvo.
Se establece que este problema es abordado de manera
parcial por organizaciones públicas y sociales pero sin coordinación o intercambio
de información con autoridades, lo que hace complejo su análisis y estudio.
“Pero sí existen condiciones que nos hablan de la
presencia, recurrencia e incluso de la inevitabilidad del desplazamiento interno”,
añadió.
Salazar Machan reconoció que la Comisión Estatal y
Nacional de Derechos Humanos garantizan proporcionan medidas cautelares “pero
no nos permiten un ejercicio correcto de atender transversalmente las
necesidades de las familias desplazadas”.
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