Inicia gobierno federal nueva investigación por el caso Ayotzinapa: Salazar Marchán

Chilpancingo, Gro., diciembre 04 de 2012 (IRZA).- El gobierno federal inició una nueva investigación por el desalojo violento del 12 de diciembre del 2011 contra normalistas de Ayotzinapa, confirmó el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar Marchán.

Advirtió que el nuevo proceso de investigación echaría abajo las averiguaciones que realizaron la Procuraduría General de la República (PGR) y su similar de Guerrero entorno a esos hechos.

Incluso el juicio político que demandó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el ex procurador general de Justicia, Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja.

“Se abrirá una nueva investigación, es necesario; como decíamos, los policías no se mandan solos”, sostuvo el legislador local en conferencia de prensa que ofreció este martes en un céntrico restaurante de esta capital.

“¿Se acuerdan que yo decía que estaba muy apresurada la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Seguimos insistiendo”, añadió.

Salazar Marchán respaldó al ex fiscal guerrerense; “Todo apunta en la tesis, en la hipótesis del licenciado Alberto López Rosas de quienes dispararon fueron los federales, quienes asesinaron fueron los federales, así lo soporta en el documento que hoy presenta y que ya presentó en la ciudad de México”.

Añadió: “Según narra, (al lugar de los hechos) llegan después los ministeriales y los estatales cuando ya estaba la federación porque reclaman la autopista como su área de atención de ellos”.

Cuestionado sobre el señalamiento de López Rosas contra el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, de haber dado la orden de disparar contra los estudiantes de Ayotzinapa, dijo que no hay manera de probarlo.

“Son puras llamadas telefónicas, no está documentado nada. Si él le reclama al secretario de Gobierno, él le va decir que no obra expediente, oficio u otro medio por la cual dio la orden”, dijo.

Aunque comentó que sería conveniente que el funcionario estatal aportara sus elementos sobre el señalamiento del ex fiscal guerrerense, “para descargo cuando menos, pero él sabrá”.

Sostuvo que la petición de López Rosas para que la CNDH le ofrezca una disculpa pública por haberlo involucrado como responsable de los hechos sin elementos probatorios, el legislador del PT dijo que es válido y está en su derecho.

“López Rosas no solo pide disculpas, pide juicio político. Es su obligación (de la CNDH) también disculparse porque hay un daño moral, todo lo que implica”, dijo.

Salazar Marchán, dijo que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local que preside está retraída en el caso porque no tiene funciones en el procedimiento de juicio político, sin embargo, anunció que solicitará a la Comisión Instructora que se les incluya.

Criticó que el juicio político contra los ex funcionarios estatales se haya enviado directamente a la Comisión Instructora pese a que la primera instancia para conocer del caso es la Comisión de Examen Previo.

Sobre la iniciativa que presentó en noviembre el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para tipificar el delito de la tortura, informó que la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia concluyó que no tiene facultades para presentar la ley.

Sin embargo, informó que por el alto contenido y por la presencia del organismo, la iniciativa será retomada y se adicionará a la que presentó la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) en los mismos términos y que en este año deberá ser aprobada.

Sostuvo que se está haciendo un trabajo intenso para garantizar la ley sea un instrumento viable porque implica muchas cosas, por ejemplo, “si alguien sufre tortura, no va a querer recurrir al médico legista de ese Ministerio Público. Tendrá que instrumentarse un cuerpo de médicos legistas que no estén involucrados en el órgano”.

“A esa particularidad se está llegando con esta ley contra la tortura para que sea realmente un instrumento que la gente recurra y tenga la garantía que va a ser así, no se puede ser juez y parte. Te tortura un judicial, por decirlo así, y vas a ir con el perito adscrito, no te soluciona gran cosa”, añadió.

Criticó que la iniciativa de reforma a la Constitución Política de Guerrero que presentó el gobernador Ángel Aguirre Rivero no se establece las reformas a las leyes secundarias ni dedica un apartado específico contra la tortura.