Chilpancingo, Gro., abril 14 de 2013
(IRZA).- Detrás de las protestas realizadas desde hace un mes por
el movimiento magisterial y ahora el recién creado Movimiento Popular de
Guerrero contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, está el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
El
grupo político encabezado por el diputado federal, Manlio Fabio Beltrones
Rivera y su “delfín”, el ex candidato a gobernador Manuel Añorve Baños, buscan
cobrarle “una factura electoral” al mandatario estatal.
“El
objetivo es cobrar facturas, Ángel Aguirre venida del PRI”, reveló en
entrevista el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar
Marchán quien afirmó que a eso se debe el conflicto social.
“Ese
problema político proviene de la federación, hay un grupo duro dentro del PRI
reaccionario, represor, con toda la cultura del carro completo para el
siguiente proceso electoral”, afirmó.
Durante
la semana pasada, dijo, estuvieron “socavando la autoridad del gobernador; que
el gobernador no podía con el problema de la CETEG, esas bolas no las genera
alguien del estado, las generan desde allá, desde la federación”.
Agregó:
“Sí es un problema político y el gobernador lo percibe en toda su magnitud, si
no desactiva el problema cetegista, obviamente que el afectado es él”, afirmó
el legislador local en entrevista.
El
también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local
exhortó al gobierno federal para que evitar “infiltrar” a “provocadores” a las
manifestaciones sociales “como los que vienen a quebrar vidrios, los que andan
armados en las marchas”.
Afirmó
que las acciones que realizado desde hace más de 45 días la CETEG y ahora el
Movimiento Popular de Guerrero obedecen a un interés “es político” y hay muchos
factores que se conjugan.
“Se
torna político cuando no hablamos de planes curriculares, de eficiencia
terminal, de compensación a las horas perdidas. No se habla de desarrollo de
competencias, desempeño académico, Prueba Enlace; aquí nada más se habla de
prebendas”, afirmó.
La CRAC no debe caer en provocaciones
Salazar
Marchán dio a conocer que el consejo rector de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias se deslindó de las Policías Comunitarias que
ingresaron armadas la semana pasada a Chilpancingo.
Dijo
que la semana pasada sostuvo comunicación vía telefónica con los dirigentes de
la CRAC a raíz de lo delicado del tema y le informaron que no compartían la
decisión de las cuatro Policías
Comunitarias de Tixtla, recién creadas.
“Ellos
van a hacer un posicionamiento, se adhieran al movimiento popular de Guerrero
pero sin armas y condenan ese tipo de situaciones, de que la gente transite
violando la legalidad. Chilpancingo no es territorio indígena”.
Advirtió:
“Finalmente ellos van a sucumbir si hay provocación, el asunto de violentar la
vida pública es una decisión que van a tomar con su responsabilidad, no me
restra decir que se está generando un clima de provocación y una represión sin
precedentes en esas condiciones”.
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