Por
Jorge Romero Rendón
Alumnos egresados de la Maestría en Derecho de la Unidad Académica de Derecho y
Ciencias Sociales de la UAG denunciaron
que sus profesores les exigen “propinas” de entre 2 mil y 4 mil pesos por
persona por fungir como sinodales en sus exámenes de titulación, con lo que
estos obtienen ganancias ilegítimas de entre 40 mil y 80 mil pesos por
cada generación que se gradúa.
El arancel oficial de la UAG establece
un pago único de 5 mil pesos por derechos de titulación, que incluye la
aplicación de examen profesional para el nivel de maestría. Pero la actual
dirección de la maestría, a cargo de René
Román Salazar obliga a los egresados a tomar un Curso de Titulación de
tres meses, por el que cobra mil pesos de inscripción, más 2 mil pesos
mensuales que se supone es el pago a los profesores que lo imparten, con lo que
el costo del proceso de titulación sube
así a 12 mil pesos.
Aparte, de acuerdo con la denuncia de los egresados afectados, la secretaria de
la Maestría, a la que solo conocen por el nombre de Esmeralda, les ordena que el día en que se les aplique el examen debe
pagara cada uno entre 2 mil y 4 mil pesos a cada uno de los tres sinodales
designados, pago que será confidencial y sin recibo oficial, a modo de
“propina”.
De esa forma, como las tesis se presentan por equipos de tres personas, los
aspirantes a titularse como maestros en derecho deben pagar “por fuera” a sus sinodales al término del examen, una bolsa
de entre 6 mil y 12 mil pesos, para garantizar que firmarán el acta oficial
del examen profesional o recepcional mediante el que obtendrán su título.
Con lo que a cada egresado le sube el
costo de su titulación a 25 mil pesos, entre aranceles, curso y
propinas, al margen de las tarifas oficiales, lo que implica no solo una
práctica irregular, sino todo un
tráfico financiero indebido que favorece a directivos y profesores que obtienen
así ganancias adicionales a sus salarios y prestaciones como académicos
de tiempo completo.
E implica asimismo una serie de actos
de corrupción que los egresados aceptan a regañadientes, simplemente
porque es la única manera de obtener su título de maestría sin obstáculos.
Lo que está claro es que el Reglamento
Escolar vigente en la UAG no establece ese tipo de pagos de manera oficial,
aunque se sabe que esas y otras prácticas semejantes son toleradas por las
autoridades universitarias porque se llevan a cabo con el apoyo de grupos políticos para el
beneficio de sus militantes.
Por lo que uno de los egresados se preguntó ante quien escribe esta
columna si esa cadena de corrupción académica y financiera “¿no será más
que una última lección de sus maestros para mostrarles que en el ejercicio del
derecho el que no tranza no avanza…?”
Cerco sanitario probó su eficacia: no hubo
epidemias…
A poco más de dos meses de las inundaciones provocadas por la tormenta tropical
“Manuel” a mediados de septiembre pasado, el cerco sanitario impuesto por las secretarías estatal y federal de
Salud probó su eficacia en tres frentes: no hubo epidemias, se
controló la proliferación del Dengue y se garantizó una cobertura total de
atención médica a la población de Guerrero.
De esa forma, los doctores Mercedes
Juan López y Lázaro Mazón Alonso cumplieron en sus esferas de
responsabilidad federal y estatal, el encargo del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de establecer una red de atención sanitaria que garantizara
la salud de la población afectada, y evitar males mayores como las
posibles epidemias que hubieran complicado aún más la estela destructiva dejada
por las lluvias.
Por lo que en este momento el balance
es netamente positivo, pues mientras por un lado se conjuró el riesgo de
epidemias, se atendieron los males gastrointestinales y se mantuvo a la baja la
incidencia del Dengue; por el otro se mantuvo un eficiente sistema de atención
en zonas rurales y urbanas que hizo posible la vuelta a la normalidad en un
menor tiempo que el estimado inicialmente.
De tal forma que dos meses después de los graves daños que asolaron al estado,
la SSa estatal ha vuelto a la aplicación de sus programas prioritarios, sobre
todo para la prevención de males cardiacos, de la diabetes, de cáncer cérvico
uterino y mamario, y especialmente el combate al sobrepeso y la obesidad, entre
otros.
Y llama la atención que justamente uno
de los programas que más han impulsado aquí el gobernador Aguirre y el
secretario Mazón, el del Combate a la Obesidad desde hace más de un año, fue
recientemente retomado por el gobierno federal, en un esfuerzo por
atacar preventivamente las enfermedades del corazón y la diabetes, originadas
por el sobrepeso y la falta de ejercicio físico, con un arranque nacional
encabezado por el propio presidente Peña
Nieto.
Para que vea usted que Guerrero sigue
siendo un referente nacional por la eficacia de sus programas de salud…
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
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