Acapulco, Gro., 22 de enero 2012.- La Contraloría General del Estado de Guerrero investiga inicialmente las conductas de 24 servidores públicos involucrados en los sucesos del 12 de diciembre pasado, para determinar responsabilidades administrativas y las sanciones que correspondan, de acuerdo con su grado de participación, informó el contralor Julio César Hernández Martínez.
Precisó que estas responsabilidades están relacionadas con no haber prestado auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito; no haber actuado con la decisión necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, y haber utilizado armas de fuego innecesariamente.
Asimismo, abundó, haber tolerado y realizado actos de tortura o acciones crueles; no haber utilizado los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública, y no haber conformado, de acuerdo a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de hechos delictivos o de faltas administrativas.
Hernández Martínez aseguró que las responsabilidades de cada uno de los involucrados se determinarán con transparencia, imparcialidad y objetividad, independientemente de que, en su caso, sean acreedores de otro tipo de sanciones.
Informó que la Contraloría General abrió la investigación QD/IA/007/2012 contra los servidores públicos probables responsables, y precisó que para determinar las responsabilidades, desde diciembre la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil proporcionaron los nombres de quienes participaron en el operativo efectuado en la carretera México-
Acapulco, en el que murieron dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y resultó lesionado el empleado de una gasolinera, que posteriormente falleció.
En las investigaciones para determinar las probables responsabilidades administrativas, se considera a Alejandro Hernández Paz y Puente, ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales; José Vélez Zapata, director general de Control de Averiguaciones Previas; María Seberiana Flores Peña, quien se desempeñaba en esa fecha como fiscal Regional Zona Centro, y Esteban Maldonado Palacios, fiscal Especializado para la Investigación de Delitos Graves.
También, Joaquín Díaz Terrero, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves; Pablo Alejandro Jasso Barrera, fiscal Especializado para el Combate del Delito del Secuestro; María Eugenia Salgado Guzmán, quien fuera agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravo, y Juan Manuel Martínez Utrilla, director General de los Servicios Periciales.
Igualmente, los elementos de la Policía Ministerial Leticia Pinto Muñoz, Víctor Hugo Almazán Domínguez, Jorge Armando López Ruiz, Ismael Matadama Salinas, Rey David Cortés Flores, Ricardo Arévalo Adame, Manuel Luis Cristino y Manuel Araujo Arellanos.
Además, los también agentes Jesús David Urquizo Molina, Leodegario Cruz Lorenzo, Salvador Téllez Márquez, Israel Espinoza Aguilar, Miguel Salazar Gaona, Raúl Gama García, Reyes Castro Tolentino y José Rodríguez Carvajo.
Para las investigaciones de tipo administrativo se han realizado inspecciones de campo, y se han analizado pormenorizadamente fotografías y videos, de los que se desprende la presunta participación de los 24 servidores públicos en los hechos.
Los presuntos involucrados ya fueron notificados a fin de que presenten sus informes y las pruebas que consideren convenientes, y en caso de que no comparezcan a la primera audiencia se les dará la oportunidad de presentarse en una segunda ocasión y, si no comparecen, se considerará que los hechos que se les atribuye son ciertos.
El Gobierno del estado ratifica su firme compromiso de hacer públicos los resultados de sus investigaciones en los ámbitos penal y administrativo, y de poner a disposición de la autoridad correspondiente a los presuntos implicados, con la certeza de que en Guerrero se respeta la legalidad.
