Chilpancingo,
Gro., marzo 10 de 2013 (IRZA).- La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) ha desatendido el caso de los 31 arraigados que
tiene bajo su custodia, denunció Manuel Olivares Hernández, secretario técnico
de la Red Guerrerense de Organismos Civiles Defensores de Derechos Humanos.
La procuradora Martha Elva Garzón Bernal no le contesta
las llamadas ni a su coordinadora de asesores, Anacleta López, con quien se coordinaba
sobre el asunto de sus dos defendidos, detenidos por el Movimiento de
autodefensa de la Costa Chica, “ya demostramos la inocencia de los dos
muchachos y deberían haber salido en libertad y no es así”.
A pesar de que aseguró sus dos defendidos desde por la
semana pasada deberían de estar en sus casas en Acapulco, luego de que
“injustamente fueron detenidos a mediados de enero por el movimiento y ahora
están doblemente encerrados; primero por el movimiento, luego por la PGJE que
parece no pone atención al desahogo de pruebas que presentamos”.
La Red Guerrerense defiende a Luis Miguel Ramos García de
28 años de edad y a Cristian Cortés Castro de 23, detenidos en Ayutla por el
delito de secuestro; sin embargo, en la etapa que tuvieron para desahogar las pruebas,
presentaron un video donde la mujer a quien la autodefensa señaló como la
secuestrada, ya dijo que eran sus amigos y que sólo habían ido Ayutla, al
momento de ser detenidos.
Reiteró que ese movimiento realizó, si bien un derecho,
que era defender a su pueblo ante la falta de seguridad cometieron muchos
abusos en la detención de sus 54 personas resguardadas, que luego 31
paulatinamente entregaron a la PGJE, que parece, dijo, también está cometiendo
el abuso de no revisar las pruebas antes del arraigo que termina a finales de
mes.
Dijo que en muchos casos el movimiento de autodefensa de
la Costa Chica actuó de manera arbitraria en las detenciones que cometió,
imitando abusos en los que incurren el Ejército y la Policía Investigadora
Ministerial (PIM).
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